El empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas compañías enfrentan procesos por deudas pendientes ante el fisco en México y acreedores privados en Estados Unidos, “tiene que pagar”, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse a la decisión de un tribunal mexicano de revocar una resolución que permitía al propietario de Tv Azteca mantener en suspenso el pago de un préstamo que le reclaman en aquel país.

“Aún falta otro proceso” en los tribunales mexicanos contra acreedores privados de Estados Unidos, dijo en la conferencia de prensa diaria.

Este jueves se conoció que un tribunal federal revocó la resolución de un juzgado de la Ciudad de México que autorizaba al empresario Ricardo Salinas Pliego a suspender el pago de su deuda con firmas estadunidenses, a partir de un recurso de éste promovió durante la pandemia.

“En aquella época le otorgan la razón, pero ahora que se revisa nuevamente este proceso se revoca y se obliga a pagar, pero todavía tiene otros procedimientos también en tribunales de la Ciudad de México”, señaló la Presidenta.

Explicó que los acreedores de Tv Azteca tienen un recurso internacional en su contra, que involucra al Estado mexicano (en tanto que se detuvo el pago por instancias del Poder Judicial), pero puntualizó que si en los otros recursos se dan resoluciones similares a la que se acaba de presentar contra Salinas Pliego, este litigio internacional ya no tendría razón de ser porque ya estaría obligado a pagar y ya no se involucra al Estado mexicano.

Recordó que los empresarios estadunidenses solicitaron una reunión con ella, pero pidió a la procuradora fiscal y al secretario de Hacienda que sean ellos quienes los atiendan.

Acreedores, a la espera

Un día después de que en Estados Unidos se pidió sancionar a Tv Azteca y a su grupo controlador por desacato y en la Ciudad de México un tribunal federal levantó las medidas cautelares que permitían a la empresa evadir el pago de sus obligaciones por un adeudo que alcanza los 580 millones de dólares, Grupo Salinas aseguró que busca diálogo con sus acreedores.

“Reiteramos nuestra total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo. Hacemos nuevamente un llamado a este grupo de acreedores a retomar el diálogo y evitar prolongar innecesariamente este proceso”, pidió el consorcio en un comunicado este jueves.

La noche del miércoles se dio a conocer que un tribunal federal revocó la protección otorgada por Miguel Ángel Robles Villegas a Tv Azteca, quien, al frente del sexagésimo tercer juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, extendió una medida que blindaba a la televisora frente a la exigencia de sus acreedores que ya habían notificado del default ((bit.ly/47imPXm).

Inmediatamente después de que se difundió el comunicado de Grupo Salinas, La Jornada consultó por separado a las firmas legales que asesoran a los acreedores de Tv Azteca. Una de ellas, Akin, respondió que “los acreedores están revisando la decisión y esperando la opinión oficial por escrito del tribunal antes de comentar sobre el asunto”.

La continuación de los litigios en los tribunales mexicanos ha llevado a que los tenedores de bonos, que tienen abierto el proceso contra Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas en el distrito sur de Nueva York, pidan sanciones de desacato (bit.ly/4ndnLCd), dado que desde el 22 de septiembre el juez Paul G. Gardephe ordenó a la compañía mexicana desistirse de los procesos que había abierto en México contra sus bonistas.

La defensa de Tv Azteca, a cargo del despacho Greenberg Traurig, reconoció en una carta aparte que fue hasta el 14 de octubre, 22 días después de lo resuelto en el juzgado en Nueva York, que sus abogados en México “informaron formalmente” al noveno juzgado civil y al trigésimo octavo juzgado civil sobre la suspensión, pero no ha aceptado desistirse de los procesos.

Por lo pronto, la conferencia inicial previa al juicio entre los acreedores y Tv Azteca se aplazó un par de ocasiones y ahora está prevista para el 4 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.