Los productores agropecuarios comerciales medios cabalgan de nuevo. El pasado martes 14, organizaron el Paro Nacional Agropecuario que se extendió por lo menos a 15 estados de la República, sobre todo del norte, centro y occidente, las principales regiones productoras de granos. 

Evocan aquel gran movimiento que protagonizaron en los años 90, contra la primera tarascada neoliberal que les arrebató en pocos meses buena parte de sus activos productivos y patrimonio a manos de los bancos con la coartada de las carteras vencidas. Entonces se organizaron en El Barzón para defender su derecho a seguir produciendo y viviendo con dignidad. Ahora, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) bloquea con productores y maquinaria carreteras, casetas de cobro, vías férreas. Sus demandas principales: sacar los granos básicos del T-MEC, de la Bolsa de Chicago, precios de garantía justos, financiamiento para sus cultivos. 

La crisis actual difiere de la de hace 30 años, aunque también es resultado de las políticas agrícolas neoliberales. Los gobiernos 1982-2018 y la entrada al TLCAN en 1994, favorecieron el crecimiento de las grandes empresas agroexportadoras y los subsidios del Estado mexicano profundizaron la desigualdad rural, concentrándose en los grandes productores y comercializadores. 

El primer gobierno de la 4T decidió redistribuir los apoyos a quienes más habían sido olvidados por los gobiernos neoliberales y poner en marcha programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía, Sembrando Vida, que favorecen a más de 2 millones de productores en pobreza. Sin embargo, los productores comerciales medios han quedado fuera total o parcialmente, aunque 90 mil de ellos son apoyados con el subsidio del Programa Especial de Energía Eléctrica para Riego Agrícola, el PEUA.

Pero esto no ha bastado para elevar la producción de granos básicos a los niveles que se requiere, ni para mantener a flote a este importante segmento de productos y productores. Ellos mismos lo manifiestan: no pueden competir con la entrada sin control de granos básicos procedentes de Estados Unidos, altamente subsidiados por aquel gobierno, con precios fijados por la Bolsa de Chicago. Además, los costos de los insumos, refacciones, maquinaria y equipo se elevan siempre más que los precios de los granos. El financiamiento rural es escaso y muy caro: ponen como ejemplo que se cobran intereses mucho más altos por un tractor que por un auto de lujo. 

La capacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales para adquirir las cosechas de granos básicos a precios de garantía rentables para el productor es muy reducida y por sí sola no puede regular el mercado, por lo que grandes acaparadores, comercializadores e industriales siguen obteniendo márgenes obscenos de ganancia en perjuicio de productores y consumidores. Todo esto puede desembocar en la quiebra de miles de productores medios, en el incremento del rentismo y concentración de tierras en los grandes productores y el acaparamiento de oligopolios y oligopsonios, la pérdida de la ya deteriorada soberanía alimentaria, la invasión de semillas transgénicas, con los consabidos perjuicios a la biodiversidad y a la soberanía nacional. 

La Sader ha actuado con atingencia y actitud de escucha en el terreno a las personas productoras movilizadas. No ha descalificado las protestas y ha empezado a dialogar con algunos grupos, como los maiceros de los estados del Bajío y occidente del país. 

El diálogo siempre es bienvenido, pero se va a agotar pronto si no se traduce en cambios en políticas y programas, lo que en esta coyuntura no es fácil: ¿cómo excluir los granos básicos cuando se teme que en la renegociación del T-MEC Trump busque abrir mercados para sus granos cuando China y otros países se lo han cerrado por su agresividad arancelaria? ¿Cómo sostener precios de garantía suficientes y con una cobertura tal de volúmenes y productores que logren reordenar el mercado cuando el gobierno federal tiene un presupuesto tan estrecho? ¿Cómo y, sobre todo, de dónde subsidiar tasas de interés, equipo, maquinaria, agroquímicos y energéticos para que los productores comerciales sean viables y se incremente la producción nacional de granos básicos? 

En el diálogo, gobierno y productores deben localizar soluciones, aunque sean parciales, e implementarlas. Por ejemplo, una vía para bajar los costos de producción es la que han utilizado Colombia para el sector farmacéutico y México para los textiles en el mercado de importación: una ley que establezca precios de referencia máximos de los insumos y precios mínimos de compra al productor. Nadie podría vender los insumos ni cobrar intereses por encima de X porcentaje del precio de referencia ni importar granos por debajo del costo de producción de referencia. Esto no supondría un desembolso directo del gobierno, pero sí una gran capacidad de concertación de esfuerzos de muy diversos sectores. 

Se podrá estar o no de acuerdo con algunas de las organizaciones o liderazgos de los productores medios que ahora protestan, pero merecen toda la atención del gobierno y de la sociedad. 

No se trata sólo del ingreso de ellos, muchos bienes públicos están en juego: la soberanía alimentaria, el patrimonio genético del país y el fortalecimiento y bienestar de la sociedad rural. 

In memoriam, Rubén Villalpando, luchador de la justicia y la verdad.