Guayaquil. Con fusiles y el rostro cubierto, cinco militares detuvieron a golpes al joven Dave Loor cuando iba a una tienda. Ha pasado más de un año desde su desaparición, y las denuncias por abusos de la fuerza pública en Ecuador no dejaron de aumentar.

El caso de este albañil de 21 años sin antecedentes judiciales forma parte de las 43 desapariciones forzadas a manos de agentes estatales documentadas por Amnistía Internacional (AI) desde 2023, cuando el presidente Daniel Noboa asumió el cargo. El aumento de las denuncias coincide con el despliegue de policías y soldados en las calles ordenado por el gobierno para enfrentar a las mafias, de acuerdo con Amnistía.

El 24 de agosto de 2024 Loor llamó por última vez a su madre para avisarle que estaba con un amigo en Los Ríos, una conflictiva provincia costera usada para trasladar droga hacia los puertos en el Pacífico. En un video se observa al joven con las manos en alto, mientras militares revisan sus bolsillos y lo suben a una camioneta donde lo golpean en la espalda. No le encontraron armas ni drogas según el reporte militar. Desde entonces nada se sabe de él. Pero su familia no se resigna.

"Nosotros sobrevivimos, lo nuestro es buscar porque no sabemos qué pasó", contó a la AFP Diana Roca, tía del joven. "Si el presidente Daniel Noboa no hubiera mandado a los militares a las calles en los estados de excepción, no seríamos 43 familias en zozobra", agrega Roca entre lágrimas.

La ofensiva militar no frenó la violencia de numerosas bandas que trafican droga, ponen coches bomba y masacran por decenas en uno de los países más peligrosos de América Latina.

La fiscalía registra un aumento en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que pasaron de seis en 2023 a 19 el año pasado. Las quejas de abusos de agentes estatales subieron 125 por ciento en el mismo periodo, cuando Noboa declaró el conflicto armado interno en el país.

Para la experta en seguridad Michelle Maffei, hay un agravante: el ejército no está entrenado para proteger civiles, sino para combatir a un enemigo en contextos de guerra. Los soldados asumieron labores no militares como administrar cárceles y realizar patrullajes urbanos, lo que supone riesgos de abusos que afectan en mayor medida a poblaciones marginales.

Además hay un "descontento" en las tropas, que no pueden admitir "abiertamente", según Maffei. Militares entrevistados por la AFP declararon bajo reserva que hay mucha presión del gobierno por resultados a cambio de beneficios o castigos.

En Colombia una política similar derivó en el mayor escándalo de las fuerzas militares conocido como "falsos positivos": al menos 6 mil 400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos.

Para el director de una organización local de derechos humanos, Billy Navarrete, el número de denuncias de desapariciones es inédito. "Son detenciones arbitrarias de personas que no eran peligrosas", aseguró.