Ciudad de México. El gobierno federal pretende poner un mayor control a la economía digital con el acceso permanente y en tiempo real a la información de plataformas a través de las que se den servicios de streaming, los de intermediación entre terceros, clubes en línea y páginas de citas, así como enseñanza a distancia o de test o ejercicios, de acuerdo con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación.

La víspera la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que de origen, desde el 8 de septiembre, contenía modificaciones al Código Fiscal de la Federación para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pudiera dar mayor seguimiento a las operaciones que se realizan a través de plataformas digitales (bit.ly/4q9GhOy).

No hay un dato más actual sobre el peso de la economía digital en el producto interno bruto (PIB), pero al menos en 2018, año más reciente en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta una estimación, su valor agregado bruto fue de 7.4 por ciento. Con el avance del comercio electrónico, que a su vez equivale a 6.4 por ciento del PIB, el gobierno federal busca tener más información de cuánto puede recaudar en este nicho.

En el dictamen que ahora está en vías de discutirse y aprobarse en el pleno, se aprobó la adición del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación para que las plataformas digitales proporcionen la información en línea y en tiempo real de sus operaciones y registros en sus sistemas centrales. Algunas empresas como Mercado Libre hasta ahora han denunciado que la medida puede frenar inversiones.

Antes, a finales de septiembre, un conjunto de asociaciones de la industria digital, presididas por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), acusaron que la medida “plantea un esquema de vigilancia inédito en México”, además de ser “innecesaria, desproporcionada e inconstitucional, al permitir un acceso sin límites a información sensible de los usuarios, comprometiendo la privacidad, los datos personales y el debido proceso”.

De acuerdo con lo planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y respaldado ayer por diputados en comisiones, el objetivo de esta nueva facultad es “gestionar en forma más eficiente la información de los contribuyentes que realizan operaciones mediante estos nuevos modelos de economía digital, con la finalidad de mejorar la eficiencia recaudatoria y generar mayor equidad en este gravamen”.

El punto es que las autoridades fiscales obtengan “la información suficiente para verificar el cumplimiento de cualquier tipo de obligación de los participantes del sector dentro de la economía nacional, dado que los modelos de negocio de economía digital no solo tienen impacto en el ámbito fiscal y aduanero, sino también económico o tecnológico”, detalla el documento desde el 8 de septiembre.

Además, en caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales, la autoridad plantea el bloqueo temporal del acceso al servicio digital del prestador de los servicios digitales. Según el dictamen, la medida no transgredería el artículo 16 Constitucional –sobre el derecho a la inviolabilidad de la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones–, dado que “no constituye un acto de fiscalización, sino un simple medio de control en la recaudación a cargo de la autoridad fiscal”.

No obstante, más allá del acceso del SAT a los sistemas, el dictamen apunta a compartir la información con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones –como coordinadora de la política digital a nivel nacional– para la “gestión tecnológica, o para el análisis de datos” que se obtengan de las plataformas digitales y así “contar con información suficiente para el adecuado control de las obligaciones fiscales de las mencionadas plataformas”.