La presencia del crimen organizado, el flujo de armas de fuego y la venta de alcohol en las calles de la Ciudad de México son factores para que menores de edad y jóvenes cometan crímenes, como el de homicidio doloso, revela un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México.

El documento Violencia juvenil en la Ciudad de México: factores criminológicos y estructurales del homicidio, de los investigadores Mario Pavel Díaz, Carolina Jasso y Luis Bravo, refiere que en la capital del país, 70 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego.

Los investigadores –quienes compartieron el estudio con este diario–, señalan que estos factores son una correlación positiva para que haya homicidios cometidos por menores y jóvenes, e incluso que estos sean víctimas.

“La presencia del crimen organizado, la venta de alcohol y la disponibilidad de armas de fuego incrementan el riesgo relativo de ocurrencia de homicidios; no obstante, la variable de alcohol es la que cuenta con mayor magnitud”, apuntan.

Por su parte, la organización civil Reinserta refirió que en México se estima que siete de cada 10 adolescentes que fueron reclutados por grupos criminales desempeñaron actividades de “sicariato”, por lo que se requiere tipificar el reclutamiento como un delito autónomo, con el propósito de dimensionar la magnitud del fenómeno.

Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan un incremento de menores que se encuentran en penales o centros especializados, donde enfrentan un proceso, pues entre 2023 y 2025 pasaron de ocho a 20 ingresos.

De estos 20 ingresos, 12 fueron por homicidios, sietre por tráfico de drogas y uno por portación de arma de fuego.

Datos del Tribunal Superior de Justicia capitalino indican que entre 2021 y 2025, 89 menores de edad fueron presentados ante un juez por el delito de homicidio, y en casi la mitad de los casos se ratificó la detención; 71 eran hombres, nueve mujeres, y en nueve casos no se especificó el sexo de los adolescentes involucrados.

Por otra parte, autoridades capitalinas solicitaron al Congreso local aprobar una reforma para agravar las penas por amenazas por bombas, tras los recientes hechos ocurridos en escuelas y campus. El propósito es incrementar de uno a dos años de prisión a quien cometa el delito de amenazas, y triplicar dicha sanción cuando sean con bombas y/o aparatos explosivos.