Las iniciativas para la expedición de la Ley General de Aguas (LGA) y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) mantienen las disposiciones neoliberales establecidas en 1992 que permiten la privatización del líquido, entre las que destacan la vigencia de hasta por 30 años con derecho a prórroga de las concesiones, una de las principales causas de acaparamiento y concentración del agua “en unos cuantos grupos de poder económico”, advirtieron especialistas, investigadores y colectivos.

Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario especializado en materia de gestión integral del agua desde hace casi dos décadas, señaló que las nuevas propuestas coinciden con las denominadas Ley Korenfeld (2015) y Ley Pichardo (2017) –que fueron frenadas en el Legislativo por la movilización social–, las cuales impulsaban una “privatización en extremo” de la infraestructura federal y el servicio de agua y saneamiento

Aclaró que aun cuando la propuesta del gobierno federal no establece ese tipo “obligaciones expresas”, sí mantiene la posibilidad de privatización a través de la LAN, ya que, de acuerdo con la fracción X del artículo 9, se permite a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concesionar las obras hidráulicas, para su construcción y operación.

Bajo este esquema, apuntó, está “latente la posibilidad de que privados” se hagan cargo de infraestructura estratégica, por ejemplo del Sistema Cutzamala o como ocurrió en el caso de la presa “El Zapotillo”.

A su vez, investigadores y más de 80 organizaciones que integran la Coordinadora Nacional Agua para Todos coincidieron en que el contenido de la LAN, establecida durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, “ha quedado intacto”, pues no se establece obligación para corregir el “sobreconcesionamiento” ni mecanismos para reconocer los derechos al agua de pueblos indígenas, sistemas comunitarios y pequeños usuarios agrícolas.

También enfatizaron que el derecho humano al agua sólo se menciona una vez y con una estrategia a 60 años para consolidarlo. Advirtieron que la reforma a la LAN propone conservar el Consejo Consultivo del Agua, espacios “dominados por los grandes concesionarios” y constructores de megaobras hídricas.

Al realizar un análisis sobre los proyectos que llegaron el jueves a la Cámara de Diputados, Montoya apuntó que se deroga el Artículo 11 Bis de la reforma a la LAN, lo que implica eliminar la Contraloría Interna sin que se habilite y faculte a un Órgano Interno de Control Especializado que asegure la legalidad en el trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Recordó que el pasado 23 de septiembre en la conferencia matutina el director de la Conagua, Efraín Morales, reconoció que la “cuota de garantía” –cantidad de dinero que paga un supuesto concesionario activo a la comisión para no perder sus volúmenes de concesión mientras no la use– es un mecanismo que ha servido para la especulación y el acaparamiento. Sin embargo, esta herramienta se amplía de dos a seis años, de acuerdo con el numeral 3 de la fracción VI del Artículo 29 bis 3, subrayó.

Otro de los aspectos críticos que se propone en la reforma a la LAN, advirtió, es la eliminación de carácter público del Registro Público de Derechos de Agua, ya que en la fracción XLIV del Artículo 3 “se le circunscribe únicamente a una especie de libro registral” con el objeto dar “certidumbre jurídica” a los concesionarios.

El consultor mencionó que llamó la atención que la reforma a la LAN enunciaba al menos 161 cambios, pero tras hacer una revisión a fondo detectó que se debía a la actualización de nomenclatura del “Distrito Federal” por el de “Ciudad de México” y por la inclusión de un lenguaje con perspectiva de género.