Ciudad de México. Un grupo de personas exiliadas y desnacionalizadas nicaragüenses —entre ellos ex comandantes revolucionarios— llamaron a los diputados federales mexicanos de desistir de la conformación del Grupo de Amistad México-Nicaragua, que se prevé instalar el 7 de octubre. 

En una misiva enviada este jueves a la Cámara de Diputados, hicieron un resumen de las violaciones a derechos humanos cometidas por “la dictadura Ortega-Murillo". 

En el documento, cuestionan que los legisladores de un país como México, que ha sido generoso con los perseguidos políticos y solidario con la libertad “tiendan la mano” a un régimen como en del Daniel Ortega y Rosario Murillo que “ha cometido crímenes de lesa humanidad”. 

La carta es firmada por 74 personas nicaragüenses perseguidos por el régimen de Ortega y Murillo, como Claudia Vargas —defensora de derechos humanos, feminista y viuda de Roberto Samcam, antiguo partidario del sandinismo y quien se convirtió en opositor en Nicaragua, que fue asesinado en junio pasado en Costa Rica—; Mónica Baltodano y Dora María Téllez Argüello, ex comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); Luis Carrión, ex comandante de la Revolución, ex miembro de la dirección nacional sandinista; Ligia I. Gómez Sandoval, ex secretaria política del FSLN; Moisés Hassan, ex miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional, el primer gobierno después de la Revolución; Gioconda Belli, escritora; Carlos Fernando Chamorro, periodista, ex director del diario Barricada del FSLN; además de científicos, académicos, abogados, luchadores sociales, entre otros; así como por cuatro organizaciones civiles de esa nación.

“Nosotros, los abajo firmantes, nicaragüenses perseguidos por la dictadura Ortega Murillo —una parte ex prisioneros, la mayoría desnacionalizados y confiscados, todos exiliados—, rechazamos la decisión adoptada en el seno del Parlamento mexicano de recrear el Grupo de Amistad México-Nicaragua (anunciada hace unos días), previsto a instalarse en ese Parlamento el 7 de octubre del presente año”, subrayaron.

Hicieron un resumen de las violaciones de derechos humanos y otros “crímenes” cometidos por “la dictadura”, todos documentados por organismos internacionales; así como la “farsa electoral” con la que se reeligió Ortega en 2021 y la entrada en vigencia de una nueva Constitución, “diseñada a su medida”, que permite que el poder Ejecutivo sea ejercido “de facto por dos copresidente: Ortega y Murillo”.

Agregaron que los otros poderes del Estado, Judicial, Legislativo y Electoral, “fueron eliminados y convertidos en órganos, con menor rango que un ministerio y subordinados a los copresidentes dictadores”.

Señalaron que en su país no hay libertad de expresión, de información, de reunión, de movilización, de organización ni de religión; impera un estado policial de facto que ha suprimido las garantías de los ciudadanos; existen 33 presos políticos desaparecidos y otros encarcelados; casi 500 nicaragüenses han sido desnacionalizados y a miles más se les impide regresar a su país, entre otras. 

“El pueblo nicaragüense vive bajo régimen de terror y vigilancia constante, con una situación económica que empeora cada día, con salarios de hambre y falta de empleos dignos para las familias nicaragüenses, mientras la familia presidencial se enriquece a ojos vistas usando al Estado para sus negocios y corruptelas”, denunciaron. 

Por ello, cuestionaron a los legisladores mexicanos: “¿Por qué el Parlamento de México y los partidos ahí representados, tienden la mano a quienes han sido responsabilizados de cometer crímenes de lesa humanidad, desde la represión de 2018, cuando asesinaron a centenares de ciudadanos? ¿Cómo es posible que los representantes de un pueblo que históricamente ha sido generoso con los perseguidos políticos y solidario con la causa de la libertad, esté arropando a un régimen como el que hemos descrito?”.

Llamaron respetuosamente a los integrantes de la Cámara de Diputados mexicana a “desistir de la conformación de este Grupo de Amistad México- Nicaragua, que ofende al pueblo de Nicaragua y contribuye a lavarle la cara a una de las dictaduras más crueles y feroces que han conocido en la historia de nuestro continente”; así como a reorientar las acciones legislativas para promover la defensa de los derechos humanos en la nación centroamericana, exigiendo la liberación de todos los presos políticos.