En la literatura sanitaria hay conceptos que, aunque suenen abstractos, se vuelven concretos cuando se miran desde un consultorio rural. Uno de ellos es la “continuidad del cuidado”. En teoría, significa que el paciente debe encontrar, en cada punto de contacto con el sistema de salud, la respuesta adecuada a su necesidad. En la práctica, para una madre que camina dos horas con su hijo con fiebre, significa algo mucho más simple: que el medicamento recetado esté disponible en el momento y en el lugar correcto.

Durante años no fue así.

Una revisión sistemática publicada en Salud Pública de México (Wirtz et al.) analizó más de una década de estudios sobre acceso y uso de medicamentos en el país. El panorama que mostró fue reiterativo y preocupante: prescripciones inadecuadas, automedicación riesgosa, farmacias públicas con estantes vacíos e inequidad que condenaba a las comunidades más pobres a resolver como podían, con remedios parciales o incluso peligrosos. Los autores fueron contundentes: “Mientras no se garantice el uso racional y la disponibilidad de medicamentos esenciales, el sistema seguirá fragmentado, ineficiente y desigual”.

Otro trabajo, realizado en Tamaulipas a finales de los noventa (Salud Pública de México, Reséndez et al.) bajó la lupa al primer nivel de atención. El hallazgo fue alarmante: ninguna unidad de salud tenía completos los medicamentos esenciales requeridos. Algunas contaban con 80 por ciento, otras apenas con un tercio. Los investigadores describieron con claridad: “Ninguna unidad disponía de todos los medicamentos esenciales al momento de la visita”.

Al revisar los almacenes estatales se descubrió la misma irregularidad.

El desabasto en la periferia reflejaba la desorganización en el centro. Era una cadena rota, y esa ruptura se sentía en la piel de los pacientes.

Estas evidencias científicas explican por qué las Rutas de la Salud no son sólo un programa logístico, sino una apuesta política y sanitaria. El nuevo modelo no busca sumar claves dispersas, sino garantizar la disponibilidad permanente de 147 medicamentos esenciales en el primer nivel. Esa cifra no es arbitraria: representa el conjunto necesario, definido con evidencia, capaz de resolver la mayoría de los motivos de consulta en la atención primaria.

El cambio es profundo. Antes, el acceso dependía de la suerte, de la discrecionalidad en las compras, de la presión de un proveedor o de la capacidad de un almacén. Ahora, cada paquete que viaja por las Rutas de la Salud sigue un trayecto trazado con precisión: de la compra consolidada a la farmacia comunitaria, sin saltos ni quiebres. La brújula ya no la marca el mercado, sino la salud pública.

La transformación va más allá de la logística. Al asegurar que el medicamento indicado siempre esté presente, se reduce la automedicación, se fortalece la confianza en el sistema y se evita que la pobreza se traduzca en enfermedad sin tratamiento. Es una política de equidad y también de eficiencia: cada peso invertido en estos medicamentos evita costos mucho mayores en complicaciones y hospitalizaciones.

Las cifras de los estudios son frías, pero detrás laten historias concretas. La de un paciente con hipertensión que antes debía pagar su tratamiento mes con mes y hoy lo recibe gratuito y oportuno. La de una niña con neumonía que ya no espera a que su madre junte dinero para comprar el antibiótico en una farmacia privada. Cada caso es una victoria contra la estadística, un tramo de la ruta reparado.

Por eso, cuando hablamos de las Rutas de la Salud no hablamos sólo de camiones y cajas. Hablamos de un sistema que decide no tolerar la fragmentación ni la inequidad. Hablamos de que la gratuidad sea real, tangible, visible en la farmacia de un centro de salud rural. Y, sobre todo, hablamos de que la cadena no se rompa nunca más: que los 147 medicamentos esenciales estén siempre ahí, para que la atención deje de ser una promesa y se convierta, al fin, en un derecho cumplido.