A pesar de que en México la despenalización del aborto es una realidad en 23 estados, aún persisten retos en la atención en los sistemas de salud como la saturación hospitalaria, la falta de medicamentos de misoprostol y mifepristona, y el delito en el código penal. 

De acuerdo con la presentación de la investigación “ABORTO, de la despenalización al acceso: controlaría social para el diagnóstico sobre el acceso al aborto en ocho estados de México”, realizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine México, indicó que este servicio en la Ciudad de México está aceptado, pues lleva 18 años en práctica, por ello, sigue recibiendo un alto número de pacientes que vienen de otras entidades, cerca del 36 por ciento de los abortos practicados en la localidad. 

De enero a mayo de 2025, se registraron 18 mil 874 abortos en ocho estados, de ellos, más de la mitad se practicaron en la Ciudad de México (54 por ciento), seguida del Estado de México (13.2 por ciento), Puebla (7.8 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento), Guerrero (6.8 por ciento), Michoacán (4.7 por ciento), Nayarit (3 por ciento) y Quintana Roo (2.9 por ciento). 

Silvia Soler, directora interina del ILSB, aseguró que la despenalización por sí sola no garantiza el acceso efectivo al aborto. Afirmó que las mujeres de este país continúan reclamando aborto legal, seguro y accesible para todas las personas gestantes. 

Explicó que el objetivo de esta investigación fue conocer qué ocurre después de que se aprueban reformas que despenalizan el aborto y verificar si los servicios de salud realmente garantizan el acceso.

El estudio analiza la situación en ocho estados, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, evaluando la Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (DAAC) de los Servicios de Aborto Seguro (SAS).

Cristina Santana, coordinadora nacional de REDefine, indicó que entre principales hallazgos del estudio destacan el desabasto de medicamentos como misoprostol y mifepristona limita la atención en varios estados; aunque el servicio es formalmente gratuito, existen costos indirectos (traslados, estudios, insumos).

También se identificaron prácticas discriminatorias hacia adolescentes, mujeres indígenas y personas de la diversidad sexual; junto con la rotación de personal y la objeción de conciencia, genera dependencia de un reducido grupo de profesionales “no objetores”, provocando saturación y desigualdad territorial; los horarios de atención para interrupción legal del embarazo (ILE) representan una barrera.

A la vez, señaló que entre los métodos para realizar el aborto predomina el uso de medicamento, en 2020 fueron 8 mil 853 casos y en 2024 se triplicó a 27 mil 164 procedimientos. La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) también tiene un crecimiento continuo, al pasar de mil 443 en 2020 a 8 mil 69 en 2024. El legrado continúa practicándose, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 9 mil 730 en 2020 y 15 mil 836 en 2024. 

En cuanto a las recomendaciones, Fernanda Topete, integrante de REDedine, mencionó algunas de ellas son eliminar el abordo del código penal federal y de los códigos penales estatales; armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia; garantizar atención media en tiempos oportunos.