Cuernavaca, Mor. Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, denunció amenazas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y fue incorporada al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos con el expediente SG/SSG/MEC-MOR/002/2025.
La coordinadora de los trabajos de investigación sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos desde hace 10 años, promotora para creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, así como del equipo asesor permanente de la Unión de municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Estado de Morelos, afirmó que sufre un “clima de amenazas, campañas de linchamiento, intimidación y agresiones verbales y físicas que se han cometido en su contra, por parte de quienes se oponen a respetar el ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas que ella promueve”.
José Martínez, vocero de CIDHM, aseguró que Estrada ha interpuesto tres denuncias en contra de los que resulten responsables de las agresiones y amenazas que han hecho en su contra en la comunidad índigena de Alpuyeca.
Destacó que incluso una de esas denuncias presentadas ante la FGE de diciembre de 2023 por el delito de feminicidio en grado de tentativa “y otros delitos en contra de personas agresoras que se les ha visto participando con el grupo que actualmente encabeza las agresiones contra ella, utilizando como pretexto el uso de los recursos públicos del FAISPIAM para obras públicas de la comunidad”.
Martínez explicó que las reglas de operación de los Fondos Públicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de marzo de 2025, “establece claramente que es la Asamblea General de la comunidad a través de la elección de los Comités de Administración y de Vigilancia como se aplican los recursos y no los tiene en su poder la Presidenta del Comité que es la compañera Paloma Estrada Muñoz, como pretenden hacer creer quienes han llevado a cabo campañas de linchamiento para obligarla a firmar documentos que deben ser debidamente requisitados por las autoridades del IEBEM cuando se trata de obras a realizarse en las escuelas de la comunidad”.
