Dos asuntos, en estas semanas, han destacado por incisiva tendencia al daño social. Uno apenas contiene su energía destructiva al emerger de la deteriorada infraestructura y equipamiento urbano y de carreteras. El otro está ligado a un delincuente recién capturado y a un ex gobernador tabasqueño, su amigo y jefe. 

Ambos problemas han permanecido por bastante tiempo en el ambiente difusivo. Y ambos, también, han merecido varias referencias de los oficiales responsables. Pero, sobre todo, por largas semanas, han sido constante referente de padeceres y directas quejas de la población. La “ciudad de los baches” le llaman a la capital de México algunos medios de comunicación. Y al otro, personaje relevante, ya lo apellidan “cadáver viviente” muy a pesar de ser senador del país. 

El descuido del pavimento de las atravesadas y coladeras ha sido una enorme irresponsabilidad del oficialismo actual. Durante varios años –al menos cinco– se descuidó, por completo, la carpeta asfáltica sin proceder a su mantenimiento. Días, semanas, meses y hasta años han permanecido insepultos los agujeros y otros muchos desperfectos citadinos que aquejan a la población. 

Y el incumplimiento de estas obligaciones no sólo toca a los directamente responsables de atender estos menesteres. Los meros jefes de ellos están señalados por tan cruciales oficios, técnicas y funciones, en la inveterada manía de no cuidar lo propio. La misma Presidenta, como antigua jefa de Gobierno, una que otra gobernadora y varias presidentas municipales se han tenido que dirigir al público agraviado. 

Han mencionado, con grandes voces y promesas, la dimensión de sus programas de bacheo. Muy poco ha ocurrido en verdad. El deterioro continúa de manera acelerada. Las intensas lluvias que han caído sobre el terreno, durante ya largos meses, no hacen más que profundizar el que hoy es, ciertamente, muy grave problema. 

A veces se ha pensado –en las altas esferas decisorias– que el tránsito vehicular citadino es un asunto de élites. Es decir, de aquellos que tienen automóvil propio y se quejan de todo. Pero más de 50 millones de vehículos que circulan en México no pueden circunscribirse sino a una amplísima gama de hombres y mujeres. Sin contar, además, a todos aquellos transportes colectivos que llegan a usuarios por otros varios miles de millares, y que, en verdad, sus ocupantes resienten con mayor castigo los cotidianos golpes recibidos. 

Todos ellos, sin excepción, requieren llantas, suspensiones, rines, hojalatería y demás servicios de arreglos caros. Todo pago, por cierto, sale del bolsillo individual, muy rara vez del presupuesto público. En general, los costos son exigidos por el deterioro, constante y sonoro, de andar rebotando contra los filos de los miles e inesquivables obstáculos. 

Mientras el problema permanezca, el golpeteo sobre la imagen de eficacia y sensibilidad de las autoridades habrá de sufrir en consecuencia. Y todo parece que, por la profundidad del deterioro actual de la infraestructura, no bastará el corto periodo de secas para finiquitar lo dañado. 

Harán falta prolongados meses, junto con abultado presupuesto, para emparejar lo ocasionado y dar un servicio aceptable. El gran programa de bacheo anunciado por la jefa de Gobierno se concreta, además, sólo a vías principales. La ciudadanía no distingue bien al responsable de las vías secundarias. De cualquier manera, tendrá que ser situado y evaluado con mucho mayor cuidado y atención. 

En cuanto al follón en curso entre el gobernador y el ya famoso delincuente estatal, la duración del mismo atenta contra la seguridad y moral pública. El argumento empleado por la Presidenta de no contar con elementos que unan al senador con algún delito para actuar no es, para nada, el adecuado. Lo sería para la continuidad del asunto, en todo caso. 

No se solicita que lo enjuicien –al menos por ahora–, sino que deje el estratégico cargo que desempeña por su innegable responsabilidad política y también administrativa. De eso, precisamente, acusó, y el oficialismo moreno sigue acusando, al ex presidente Calderón: “no supo nada de lo que hacía su secretario”. Aunque lo hecho por el secretario estatal de seguridad, en su doble función delincuencial, es bastante más grave que lo que hizo García Luna. 

El hecho imputado al líder del Senado es por haber contratado, siendo gobernador, a un personaje ya harto conocido entre la ciudadanía tabasqueña (¿qué sucede con el sucesor?). Y esa es buena parte de su irresponsable decisión, al menos la que lo lleva al cadalso moral. Primero debe pedir licencia y, una vez obtenida, dedicarse a las tareas de su defensa jurídica que con seguridad sobrevendrán. 

Por lo visto, el tabasqueño no piensa dimitir. Queda entonces pendiente la maniobra concertada de los demás senadores de su partido, que no pueden pasar desapercibidos.