Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigirá y priorizará la reparación integral del daño para cada una de las familias que resultaron damnificadas por la explosión de una pipa de gas LP de la empresa Silza en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La titular de la dependencia explicó que independientemente del fallecimiento del conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, la investigación y la causa penal continúan, para deslindar la responsabilidad de los involucrados, luego de revisar las condiciones operativas de la pipa y el cumplimiento de la normatividad de tránsito.

Apuntó que los delitos que se configuran a partir de este accidente son: homicidios culposos, lesiones culposas y daños a la propiedad culposos, para los cuales se establecen diferentes salidas, que van desde el acuerdo reparatorio o la vinculación a proceso y sentencia, con las penas correspondientes.

Este proceso se hará de acuerdo con la decisión que tomen las víctimas y los familiares de las víctimas. En 42 de los casos, ya están las querellas correspondientes, para continuar con la investigación, refirió.

Detalló que la empresa a través de sus apoderados legales ya declaró y manifestó su disposición a hacer la reparación del daño a las víctimas, a través de la aportación de recursos propios y de cuatro pólizas de seguro que se encuentran vigentes.

La fiscal comentó que la pipa venía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en Tláhuac, cuando en su trayecto chocó en dos ocasiones contra las barreras laterales antes de volcar en las inmediaciones del puente de La Concordia. 

A ocho días de la tragedia, que hasta el momento ha dejado 20 decesos y 64 heridos, 31 de ellos aún hospitalizados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se creará un comité de solidaridad con las víctimas, con el objetivo de recibir y distribuir donaciones económicas para las personas que resultaron afectadas.

Explicó que se invitará a un representante de la ONU, de la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios, personalidades reconocidas y del gobierno de la ciudad de México, en este caso, la titular de la Secretaría de Bienestar, Araceli Damián, para que se integren a este comité.

Dijo que ha solicitado a la Fiscalía capitalina agilizar el proceso penal y reiteró su compromiso con las familias afectadas de garantizar que haya justicia.

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, detalló que, de las 31 personas que reciben atención médica, 30 se encuentran en diez hospitales de la Ciudad de México y una más, la bebé de dos años, que fue trasladada a Galveston Texas en Estados Unidos.

De los 30 hospitalizados en la ciudad, 16 se encuentran muy graves, cuatro graves, seis estables y cuatro delicados que están mejorando.