San Luis Potosí, SLP. El colectivo Voz y Dignidad por los nuestros SLP presentó un amparo contra el Congreso del estado por su omisión en legislar en materia de desaparición de personas y su negativa a crear la fiscalía especializada en dicho ramo.

Explicó que la instalación de dicha fiscalía quedó establecida desde 2017 en la Ley general de desaparición forzada de personas cometida por particulares y del Sistema nacional de búsqueda de personas.

Por lo que hoy se presentó un amparo contra la Cámara de diputados local “por su omisión criminal ante la falta de cumplimiento de armonizar la legislación local en materia de desapariciones”, refirió la organización civil en un comunicado.

Señaló que han pasado casi ocho años de promesas rotas, discursos vacíos y de fotografías conmemorativas que nada cambian la realidad.

Aunque la legislatura estatal y las autoridades que alguna vez se proclamaron “aliadas” de las familias buscadoras han demostrado, acusaron que “su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente.”

“La verdad es dolorosa: no les interesa el sufrimiento de las madres ni de las familias que seguimos cargando con la ausencia.

La omisión legislativa no es un descuido burocrático es una forma de violencia institucional, se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores, se condena a las familias buscadoras a más dolor, más incertidumbre y más impunidad.”, manifestaron sus integrantes.

Calificaron como una vergüenza que en la subsecretaría de Gobierno “se haya jugado con nosotras (madres buscadoras), simulando interés y gobernabilidad, cuando en los hechos han demostrado la misma indiferencia que el Congreso local.”

Afirmaron que la Fiscalía Especializada en Desapariciones “es una obligación, no una opción. Su ausencia niega nuestro derecho a la verdad, impide investigaciones serias y perpetúa la impunidad en delitos de lesa humanidad.”

Manifestaron que recurrieron al amparo porque ya no queda espacio para la confianza moral. “Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal”.