Ciudad de México. Las más de 133 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, evidencian no solo la grave crisis que enfrenta México en esta materia, sino también la crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de personas, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia para las víctimas y sus familias, señalaron decenas de organizaciones civiles.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora mañana, subrayaron que las familias buscadoras, así como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan peligros.

“Estas familias no solo cargan con el dolor que genera una desaparición, también enfrentan riesgos, agresiones y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar sus derechos a la justicia, verdad y garantías de no repetición y como personas defensoras de derechos humanos”, recalcaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, la Red TDT, entre otras.

En México, desde el 1 de enero de 2016, 25 personas buscadoras han sido asesinadas y siete desaparecidas, de las cuales tres continúan sin ser localizadas, detallaron.

Además, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han sido desaparecidas en posible relación con su labor, 17 de ellas indígenas. Del total, 37 eran defensores, 25 periodistas y u. colaborador de medio (48 hombres y 15 mujeres). Hasta ahora, 23 continúan sin ser localizadas, evidenciando la gravedad y sistematicidad de estas violaciones.

La situación se agrava, advirtieron, cuando se trata de mujeres defensoras, periodistas y buscadoras, ya que enfrentan riesgos diferenciados y mayores, incluyendo amenazas, violencia sexual y hostigamiento, lo que exige medidas de protección específicas y un enfoque de género en la atención a su labor.

Entre las entidades más violentas se encuentran: Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, donde “la violencia, la criminalización y la impunidad agravan aún más los riesgos”, indicaron.

Ante ello, las organizaciones que forman parte de Espacio OSC en un comunicado instaron al Estado mexicano a dar una respuesta efectiva a esta problemas y que se atienda de manera urgente a la crisis forense y de investigación, para garantizar que los cuerpos de las personas desaparecidas sean localizados, identificados y entregados a sus familias con respeto y dignidad.

También exigieron la aparición inmediata con vida de todas las personas desaparecidas, al tiempo que llamaron a las autoridades responsables a reconocer la labor que realizan las personas buscadoras como defensa de los derechos humanos y se atiendan las solicitudes de incorporación al Mecanismo de personas buscadoras, garantizando medidas de protección efectivas.

Expusieron los casos de Sandra Domínguez, defensora desaparecida el 4 de octubre de 2024 y encontrada sin vida meses después pese a la denuncia y movilización social; Irma Galindo, activista y guardabosque mixteca de Oaxaca, beneficiaria del Mecanismo de Protección, quien continúa desaparecida desde el 27 de octubre de 2021 mientras buscaba refugio en Ciudad de México debido al riesgo que enfrentaba; y Roberto Hernández, padre buscador asesinado en el Estado de México el pasado 11 de agosto, evidencian la magnitud de la violencia contra personas defensoras, buscadoras y periodistas en el país.

Además del asesinato y la amenaza de desaparición forzada, las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y buscadoras continúan siendo víctimas de múltiples agresiones: ataques físicos, hostigamiento, campañas de desprestigio, acoso judicial y criminalización, espionaje, desplazamiento forzado y asesinatos, entre otras.

“Estas prácticas configuran un patrón sistemático de violencia dirigido a silenciar voces críticas y obstaculizar la defensa de derechos humanos, entre ellos, el derecho de las personas desaparecidas a ser localizadas y devueltas a sus familias”, indicaron.