El Gobierno de la Ciudad de México se deslindó del desalojo realizado el miércoles anterior en la calle República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, al señalar que la acción fue derivada de un litigio entre dos particulares.

Explicó que la participación de la policía capitalina, con 24 elementos, se dio por una instrucción del juzgado 54 de lo civil, que emitió la orden de lanzamiento con el propósito de resguardar al actuario encargado de la diligencia.

La Secretaría de Gobierno subrayó que no se trató de una acción de la autoridad, sino que fue “un desalojo de un juicio civil ordinario que instruyó el juez 54 de lo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Agregó que tras la diligencia, personal de la Secretaría de Vivienda atendió a las personas afectadas, quienes solicitaron el apoyo para tener un lugar donde vivir, aunque no dio mayor información sobre las opciones que les podrían dar.

El miércoles, mientras se realizaba la diligencia, los afectados aseguraron que en ningún momento se les mostró una orden judicial, y que sin previo aviso sacaron del edificio muebles, colchones, ropa y enseres domésticos que dejaron amontonados sobre la banqueta y el arroyo vehicular.

Sin embargo, ayer los locatarios y personas que fueron desalojadas del inmueble denominado Sol y Luna refirieron que el juez que emitió la orden de desalojo es el mismo que ha ordenado otros lanzamientos en el Centro Histórico, como el que está en contraesquina, en el número 18 de la misma calle República de Cuba, donde al menos cuatro familias han sido sacadas del inmueble, y apenas hace un mes se instaló un espacio llamado Bellas Artes como sitio cultural.

Comentaron que también en el edificio Combaluzier, en República de Cuba 12, se realizaron desalojos, aunque, dijeron, ese sí tiene dueño, a fin de habilitarlo para servicios de hospedaje por aplicación.

Quienes permanecieron en el campamento instalado fuera del edificio informaron que además del amparo que se promoverá en contra del desalojo, se prepara una denuncia colectiva, luego de que ayer recibieron el apoyo de organizaciones solidarias que les llevaron víveres y lonas que por la tarde y la noche comenzaron a instalar ante la amenaza de lluvia.

Explicaron que en algún momento intentaron comprar el edifico a Fernando Díaz Pérez de León, quien tenía la posesión legal del inmueble en copropiedad con una hermana, pero por algunas diferencias entre los inquilinos no se logró llegar a un acuerdo y posteriormente los dueños fallecieron y quedó intestado.

Agregaron que hasta hace unos 10 o 12 años estuvieron pagando renta a quienes decían tener la representación legal de los propietarios, pero dejaron de cobrar y se negaron también a proporcionar una cuenta para hacer los depósitos, pero que ellos continuaron pagando los servicios como agua y luz.