Ciudad de México. Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal (PF), fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
Además, el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, Jesús Alberto Chávez Hernández le impuso 265 días de multa, equivalente a 17 mil 140 pesos así como la inhabilitación por cinco años tres meses para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
También lo condenó al ex funcionario que pague la reparación del daño por el delito por el que resultó penalmente responsable. Una vez que cause ejecutoria la sentencia le suspenderán sus derechos políticos y civiles.
Quienes acusan al ex funcionario de ordenar que los torturaran son familiares del presunto líder de dicho grupo delictivo, Israel Vallarta, quien a principios de este mes salió de prisión tras casi 20 años sin recibir sentencia, ya que denunció haber sido objeto de violaciones a sus derechos y que para su aprehensión la extinta Policía Federal (PF) realizó un montaje en 2005, en el que también fue involucrada la ciudadana francesa Florence Cassez, quien quedó en libertad en 2013 porque la Suprema Corte consideró que las autoridades policíacas violaron el debido proceso.
De tortura a tráfico de armas: el oscuro historial de Cárdenas Palomino
Luis Cárdenas Palomino, cercano colaborador de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos por narcotráfico, fue detenido en julio de 2021 en su domicilio de Paseos del Bosque, estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada desde el 24 de septiembre de 2020 por su posible responsabilidad en el delito de tortura. Según las investigaciones, los denunciantes del ex mando de la AFI fueron capturados el 27 de abril de 2012 en la Ciudad de México y obligados a declarar que formaban parte de la organización delictiva.
También investigado en México por el desvío de más de 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación hacia empresas propiedad de García Luna. Pero no sólo eso, en junio pasado, un tribunal de apelación con sede en Hermosillo, Sonora, revocó el auto de libertad dictado a Cárdenas Palomino, por lo que será juzgado por su presunto involucramiento en la operación Rápido y furioso, con la cual autoridades de Estados Unidos entregaron más de 2 mil armas a grupos delictivos en territorio nacional.
El operativo Rápido y furioso fue una acción de la ATF llevada a cabo entre 2009 y 2011, que tenía el objetivo de comerciar armas de fuego para que llegaran a miembros del crimen organizado que operan en México, a fin de identificar a la red de traficantes, pero fracasó su proyecto y muchas armas han sido aseguradas en operaciones realizadas por autoridades mexicanas.
