Ciudad de México. México rechazó la determinación del panel de expertos del T-MEC, que falló en favor de Estados Unidos por la denegación de derechos laborales a los trabajadores del call center Atento Servicios, ubicado en Pachuca, Hidalgo.

Asimismo, externó su preocupación porque en su análisis, el panel constituido al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida no tomó en cuenta todos los argumentos presentados por el gobierno mexicano.

Tras la resolución dada a conocer ayer, en la que el panel concluyó que las acciones tomadas por nuestro país no fueron suficientes para remediar la denegación de derechos en la empresa, México defendió que las medidas aplicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “se ajustaron a lo dispuesto en la legislación nacional, en los compromisos internacionales asumidos por el país y en el principio de buena fe”.

Apuntó que no se tomó en cuenta sus argumentos, incluyendo una objeción jurisdiccional.

Tampoco, señaló, introdujo argumentos no planteados por las partes; y no abordó de manera integral ciertos elementos fundamentales, como la asignación de la carga de la prueba conforme a las Reglas de Procedimiento, la interpretación del Tratado conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la valoración de los resultados de la revisión interna elaborada por la STPS, la pertinencia de las medidas de reparación realizadas, entre otros.

En un comunicado, la STPS y la Secretaría de Economía detallaron que México convocó y moderó, entre abril de 2024 y enero de 2025, seis mesas de diálogo entre Atento Servicios y el Sindicato de Telefonistas.

El objetivo de estas mesas fue atender las solicitudes de la organización gremial relacionadas con el ejercicio de la libertad sindical, incluyendo el acceso a los centros de trabajo y el reconocimiento del Comité Ejecutivo Local.

Las autoridades mexicanas lamentaron que las mesas de diálogo se hayan visto interrumpidas por la instauración del Panel.

No obstante, a partir del fallo, las mesas se reanudaron, el 13 de agosto pasado, en la que las partes se comprometieron a mantener el diálogo.

El Gobierno de México reiteró su compromiso “con el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadoras mexicanas, conforme al marco jurídico nacional y en coordinación con las autoridades competentes, y reafirmó su respeto a los compromisos internacionales asumidos, preservando su soberanía para atender y resolver sus asuntos internos”.