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Supremo de Brasil condena a 119 personas más por actos golpistas de 2023

En imagen de archivo, el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, tras la incursión de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro.
En imagen de archivo, el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, tras la incursión de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro. Foto Afp
09 de agosto de 2025 12:04

Brasilia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a 119 personas más por su participación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023 en esta capital, confirmaron este sábado fuentes judiciales. 

Los juicios de los acusados se celebraron en sesiones virtuales del pleno y la primera sala del STF que concluyeron el 6, 14, 24 y 30 de junio, y el 5 de agosto.

Del total, 41 fueron penados por participar en la invasión y vandalismo contra las sedes de los Tres Poderes o por actuar como financistas, recaudar fondos para el alquiler de autobuses o mantener el campamento frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia.

Recibieron condenas más severas: 14 años de prisión para 20 personas, 17 para 10, 13 años y seis meses para ocho. Asimismo, sanción de 13 años y ocho meses para dos, y de 12 para un acusado. De las 78 personas que cometieron delitos menores, 70 recibieron penas de un año de prisión, que fueron sustituidas por restricciones a sus derechos.

Por incumplir las medidas cautelares, como el uso de tobilleras electrónicas o comparecer ante el tribunal, los ocho restantes implicados fueron condenados a dos años y cinco meses de cárcel.

En todos los casos penales, el relator, el juez Alexandre de Moraes, dictaminó que el grupo al que pertenecían los acusados pretendía derrocar al gobierno democráticamente elegido en 2022.

Partidarios del ex mandatario Jair Bolsonaro irrumpieron en esa fecha en los edificios del SFT, el Congreso Nacional y el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, exigiendo la intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo una semana antes.

De Moraes señaló que, como argumentó la Fiscalía General, se produjo un delito colectivo en el que, mediante una acción conjunta, todos contribuyeron al desenlace de los delitos.

La defensa argumentó, entre otros puntos, que los actos no habrían sido efectivos para perpetrar el delito de golpe de Estado y que los imputados pretendían participar en una protesta pacífica.

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