Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades de Florida y apodado "Alcatraz de los caimanes", al tiempo que los abogados discuten si viola las leyes ambientales.

La instalación puede continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero se prohibirá a los trabajadores agregar cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió el fallo durante una audiencia y aseguró que emitirá una orden por escrito más tarde.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee solicitaron a Williams que emitiera una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves en apoyo de la orden judicial, y los abogados del estado y del gobierno federal estaban programados para presentar la próxima semana.

Tras el testimonio de este jueves, Paul Schwiep, un abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos impidiera cualquier nueva construcción en el sitio al tiempo que se discutía la orden judicial preliminar.

Williams preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado está de acuerdo en detener la construcción para que ella no tuviera que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa construida en el sitio probablemente permanecerá allí de manera permanente, independientemente de cómo se decidiera finalmente el caso. Panuccio respondió que no podía garantizar que el estado detuviera todo el trabajo.

Esto provocó una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará en vigor durante las próximas dos semanas en un momento en que continúa la audiencia aún en curso sobre la orden judicial preliminar.

El centro del argumento de los demandantes es que la instalación de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los principales proyectos de construcción.