Guanajuato, Gto. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró casi siete hectáreas de la Sierra de Santa Rosa donde el ex diputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba, desarrolla ilegalmente el proyecto inmobiliario La Cucursola, pero el llamado “urgente” es para que lo clausuren de manera definitiva y se castigue a los responsables del daño al ambiente, señaló el representante de la agrupación ecologista Acción Colectiva Socioambiental, Gustavo Lozano Guerrero.

El 30 de julio, la FGR aseguró el desarrollo inmobiliario de la empresa Loma de Irapuato, solapada con permisos irregulares entregados por el exalcalde panista del municipio de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, recordó el ecologista.

La intervención de la Fiscalía es el resultado de una denuncia penal interpuesta por Acción Colectiva Socioambiental por presuntos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental cometidos por el exdiputado panista y exfuncionarios de la capital del estado, recordó.

“El caso de La Cucursola revela una forma sistemática de simulación institucional, donde la ley es manipulada para proteger intereses privados y se utiliza el aparato gubernamental como escudo frente a la exigencia ciudadana de justicia ambiental”, acusó Lozano Guerrero.
La intervención de la FGR es una oportunidad para que los delitos ambientales no queden impunes y los infractores rindan cuentas ante la ley, dijo.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que se clausure de manera definitiva el fraccionamiento La Cucursola, se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables y se ordene la restauración ecológica del predio afectado”, exhortó.

Reiteró que el desarrollo inmobiliario de 49 lotes campestres inició en el año 2019 gracias “a la protección institucional” del gobierno que encabezó Alejandro Navarro y de los permisos irregulares que otorgó el entonces titular de la Dirección de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate.

“Lejos de cumplir con su deber de proteger el medio ambiente y defender el interés público, ambos funcionarios han facilitado, mediante la expedición indebida de permisos, la consolidación de un proyecto que viola la ley y pone en riesgo una de las regiones ecológicas más valiosas del estado”, recriminó Gustavo Lozano.

Recordó que las administraciones (2018-2021) y (2021-2024), de Alejandro Navarro, otorgaron la licencia de urbanización, el permiso de uso de suelo, la autorización de impacto ambiental y el permiso de venta.

Todos los permisos municipales fueron otorgados sin tener autorizaciones federales que exigen la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, expuso.

El 12 de agosto del 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, hoy Secretaría del Agua y Medio Ambiente- reconoció que antes de iniciar con el proyecto de la Cucursola se debió tener la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), recordó.

“Sin estos documentos federales, cualquier permiso municipal o estatal carece de efectos jurídicos”, sentenció.