Tras el motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Tuxpan, Veracruz, que dejó al menos siete reos fallecidos y 11 heridos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en el Sistema Penitenciario de ese estado, en materia de seguridad y gobierno, se han realizado limitados esfuerzos para contrarrestar las deficiencias que presenta. Entre ellas, la falta o insuficiencia de personal de seguridad y custodia; y de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Asimismo, de supervisión del funcionamiento del centro por parte de la persona titular, y en otros Ceresos, la presencia de sobrepoblación y hacinamiento.

Por ello, urgió a las autoridades penitenciarias a salvaguardar “al máximo” los derechos humanos a la salud, a la integridad, a la vida y al contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad ante los incidentes ocurridos; que se garantice el acceso oportuno a la atención médica, alimentación e higiene para toda la población y, de manera especial, la de las niñas y niños y de quienes pertenezca a algún grupo de atención prioritaria, por el contexto de mayor vulnerabilidad en el que pueden encontrarse.

Igualmente, instó a que se detecten prontamente los factores y circunstancias que propiciaron el motín y se adopten aquellas medidas diligentes y estrategias de seguridad reforzadas que correspondan y que eviten la repetición de estos hechos en ese centro y/o cualquier otro de ese estado.

En un comunicado, la CNDH expuso se mantiene atenta y da seguimiento a los acontecimientos ocurridos el pasado 2 de agosto en el Cereso de Tuxpan, en el que se suscitó un motín que derivó en disturbios e incendios al interior del centro, provocados por las personas privadas de libertad ante su inconformidad por posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos de internos hacia ellas y sus familias.

Manifestó que es preocupante que a partir de los resultados emitidos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año 2023, el Cereso de Tuxpan obtuvo una calificación de 7.01, y si bien se han observado mejoras sustantivas en algunos aspectos relevantes sobre las condiciones de estancia digna e integridad personal, persisten la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte de la persona titular y de normatividad, así como inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.

Indicó que en el diagnóstico de 2024, el Sistema Penitenciario de ese estado obtuvo una calificación global de 6.31.

La CNDH reiteró “enérgicamente” a todos los sistemas penitenciarios del país, sobre la obligación de generar acciones y programas destinados para la mejora de las condiciones de seguridad de sus centros, entre estas, realizar una debida clasificación y ubicación de las personas que viven en estos, erradicar los factores de cogobierno o autogobierno, de conductas de extorsión, cobros o conductas ilícitas y solventar la falta o insuficiencia de personal de seguridad y custodia, en observancia al Pronunciamiento emitido por este organismo en el 2023.

Asimismo, llamó a que se generen mecanismos de comunicación oportunos, para brindar información oficial, en un contexto pacífico a familiares de las personas privadas de la libertad, que les permita conocer la situación actual que prevalece al interior de ese establecimiento y el estado de salud de la población penitenciaria y de aquellas que resultaron lesionadas.

Además de gestionar oportunamente el acompañamiento legal, administrativo y psicológico a las personas familiares para la solicitud de los cuerpos de las personas fallecidas, evitando cualquier acto de revictimización o prejuicio.