Nuevo Laredo, Tamps. La crisis del transporte público en la ciudad ha dejado de ser una simple molestia para convertirse en un problema estructural. Más de la mitad de las unidades que actualmente circulan por las rutas urbanas presentan condiciones precarias: frenos defectuosos, vidrios rotos, llantas desgastadas y fallas mecánicas constantes. Para los usuarios, subir a uno de estos camiones es un acto cotidiano de riesgo.

A pesar de las evidencias visibles, durante años el sistema ha operado sin una fiscalización efectiva. Sin embargo, las autoridades estatales anunciaron un viraje. Gilberto Martínez Arcega, delegado del transporte público en Nuevo Laredo, confirmó que ya hay 90 concesiones bajo proceso de cancelación. “Ya no hay espacio para la tolerancia. Si no operan conforme a la ley, la concesión será retirada”, advirtió.

El problema de fondo, según el funcionario, tiene raíces económicas. La falta de ajuste a la tarifa del transporte durante años ha impedido que los concesionarios renueven su parque vehicular. “Comprar una unidad nueva es prácticamente imposible sin apoyo financiero. La mayoría apenas sobrevive, y eso repercute directamente en el servicio que se le ofrece a la ciudadanía”, detalló Martínez Arcega.

No obstante, las autoridades estatales aseguran que no se trata solo de falta de recursos, sino también de abandono deliberado. Algunas unidades llevan años sin someterse a la revisión mecánica obligatoria y otros concesionarios han dejado de operar rutas completas, afectando a cientos de usuarios al día. “No se puede seguir premiando la irresponsabilidad”, puntualizó.

El proceso de revocación incluye a quienes no operan por más de 30 días o han abandonado rutas enteras. También se contempla a quienes no han cubierto sus obligaciones fiscales, lo que representa una deuda acumulada importante para el estado. En palabras del delegado: “Vamos a limpiar este rezago. Ya no más permisos guardados en cajones ni concesiones improductivas”.

En medio de ese proceso, se abrirá la posibilidad de otorgar nuevas concesiones a operadores comprometidos. La meta, según autoridades, es modernizar el sistema, reducir los riesgos para los usuarios y devolverle a Nuevo Laredo una red de transporte público digna y funcional.