La liberación de Israel Vallarta, tras casi 20 años en prisión sin sentencia, fue decisión de una jueza del juzgado tercero de distrito en el estado de México, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó en su conferencia matutina en Palacio Nacional que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajó en ese caso desde que era titular de Seguridad en el sexenio pasado, ante las pruebas de tortura documentadas durante la detención en 2005. Aquella aprehensión, recordó, ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón y estuvo acompañada de un montaje televisivo vinculado a Genaro García Luna.

Sí, fue la decisión de una jueza, puntualizó la mandataria, al destacar que este caso no puede separarse de la estrategia de seguridad del calderonismo. “No se nos pueden olvidar cómo fueron la detención y el montaje televisivo… conducidos por quienes después fueron señalados por vínculos con el narcotráfico. Ese sexenio se caracterizó no por buscar la seguridad, sino por aliarse con grupos delincuenciales”, agregó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez detalló que la sentencia absolutoria se emitió el 31 de julio, tras un proceso que se prolongó casi dos décadas. Vallarta, detenido el 8 de diciembre de 2005, enfrentó cargos por delincuencia organizada y secuestro. Durante estos años se interpusieron 10 apelaciones, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas. En 2022, el Comité de la ONU contra la Tortura solicitó medidas de protección, atención médica y alternativas a la prisión para el acusado.

Rodríguez añadió que el gobierno federal apoyó a la familia de Vallarta, en especial a su esposa, mediante gestiones sociales y médicas, y resaltó que el caso demuestra la urgencia de revisar los procesos de prisión preventiva en México.

A su vez, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtieron que el caso evidencia el carácter punitivo de la prisión preventiva prolongada.

El IFDP, que forma parte del Poder Judicial de la Federación y brindó su apoyo para la liberación de Vallarta, consideró que la sentencia dictada por la jueza Mariana Vieyra representa un paso fundamental en la reparación del daño, así como un precedente relevante en la lucha contra la tortura, el uso de pruebas ilícitas y la prisión preventiva en México.

Agregó que el caso ha sido ampliamente documentado como un emblema de injusticia prolongada, tras haberse revelado el montaje televisivo de su detención, escenificado y difundido en cadena nacional.

Asimismo, el Pro celebró en redes sociales la importante resolución que permitió la liberación inmediata de Vallarta. “Su situación –representativa de miles más– muestra lo lesivo de la figura de prisión preventiva y su función como una pena anticipada”.

La organización reconoció también la persistencia de su familia y el trabajo del IFDP para lograr su excarcelación.

(Con información de César Arellano y Gustavo Castillo)