De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, cuatro de las 18 personas detenidas el pasado sábado 26 en un narcolaboratorio donde se producía crystal habían sido reportadas como desaparecidas por sus familias y tenían abiertas carpetas de búsqueda, por lo que dicha instancia se puso en contacto con colectivos de buscadores a fin de apoyarlos en el cotejo de los nombres y fichas de los arrestados. La Jornada recibió información extraoficial según la cual los expedientes datan del año pasado y tres de los cuatro detenidos con boletín de búsqueda ya fueron liberados y entregados a sus respectivos familiares, pero hasta el cierre de esta edición la especie no había sido confirmada ni desmentida por ninguna autoridad.

De confirmarse que los cuatro hombres fueron privados ilegalmente de su libertad y forzados a trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), se trataría de una prueba de la veracidad de las denuncias efectuadas por personas y agrupaciones que buscan a sus seres queridos en el sentido de que éstos fueron sustraídos por organizaciones criminales a fin de obligarlos a participar en alguna de las muchas tareas delictivas perpetradas por cárteles y pandillas. Debe recordarse que la primera llamada de atención acerca de este fenómeno se produjo en agosto de 2010, cuando Los Zetas asesinaron a 72 personas (58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría provenientes de Centroamérica) en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. De acuerdo con una de las versiones conocidas, la masacre de San Fernando fue una atroz represalia por la negativa de los migrantes a trabajar para ese grupo criminal.

La evidencia acumulada de que la delincuencia organizada usa a desaparecidos como una suerte de ejército industrial de reserva significa que ya no sólo es pertinente concebir un reclutamiento facilitado por la pobreza, la exclusión, la pérdida de horizontes y la destrucción del tejido social exacerbadas durante el neoliberalismo, sino que es imprescindible investigar la posible existencia de una nueva modalidad de esclavitud y de redes de tráfico de personas de dimensiones desconocidas. Semejante tragedia exige indagatorias adicionales y un renovado esfuerzo de las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de redoblar la búsqueda, localización y rescate de personas vivas que, tras ser sustraídas de sus entornos familiares y sociales, estarían siendo forzadas a colaborar en actividades criminales.

En un sentido más amplio, si se comprueba la existencia de un reclutamiento forzoso a gran escala, ello obligaría a replantear supuestos alrededor del sustrato social que alimenta a los cárteles y, por lo tanto, de las estrategias usadas para combatirlos: si las personas pueden caer en manos de los criminales independientemente de los contextos de precariedad y marginación, eliminar las causas sociales que orillan a delinquir no sería suficiente para abatir la delincuencia desde su raíz. Más allá del diagnóstico que elaboren autoridades y expertos, está claro que el secuestro con fines de explotación laboral en actividades ilegales reviste la máxima gravedad y no puede ser soslayado en los planes de pacificación.