Ciudad de México. A partir de hoy el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se regirá por nuevas bases de organización y funcionamiento que le permitirán fortalecerse, a través depurar y actualizar sus reglas de operación, en el contexto del próximo cambio administrativo que deberá enfrentar, con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el marco de la reforma judicial en marcha.
Las nuevas reglas fueron publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a través de un acuerdo emitido por la directora del IFDP, Taissia Cruz Parcero, en el que se establece que esa regulación resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de ese instituto y la óptima prestación del servicio defensoría pública de calidad, como lo dispone el Artículo 17 Constitucional.
Se precisa que de hecho, desde mayo de 2023 se inició la revisión de las Bases del IFDP “con el objeto de verificar su aplicación y operatividad en relación con el fin constitucional de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población”, proceso que fue avanzando en el marco de la reforma judicial.
Se detalla que en ese contexto se sustituirá en breve al CJF por un Órgano de Administración Judicial, del cual el IFDP será un órgano auxiliar que, de acuerdo con la Ley de Defensoría Pública, "gozará de independencia técnica y operativa".
Las nuevas reglas de operación fueron aprobadas en mayo pasado por la Junta Directiva del IFDP, al que se hicieron adecuaciones propuestas por una integrante de ese órgano, María Alejandra Nuño.
En esas reglas, que sustituyen a las de 2021, se precisa que el personal del IFDP o tiene la obligación de prestar sus servicios “incorporando las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad e interpersonalidad” y su trabajo será bajo los principios de gratuidad, honradez, probidad y profesionalismo.
Asimismo, el personal del IFDP debe garantizar “el derecho de acceso a la justicia de las personas pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, sin discriminación alguna”. De ser el caso, “solicitar la aplicación de peritajes, antropológicos socioeconómicos y demás que permitan conocer su contexto, usos, costumbres y cosmovisión , cuando ellos sea necesario para la estrategia jurídica” de defensa.
