Cinco de las ocho personas que fueron detenidas a comienzos de semana durante la operación Liberación, en 14 municipios del sur del estado de México, permanecerán en la cárcel luego de que jueces adscritos al penal de Tenango del Valle les decretaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues todos ellos están acusados de extorsión, delito considerado grave en el Código Penal mexiquense.

Ayer se efectuaron las audiencias de formulación de imputación contra Gonzalo N, Jorge N, Antonio N, José Fernando N y Alicia N –esta última recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez–, donde los juzgadores que conocieron de las causas penales decretaron la legalidad de las aprehensiones e impusieron la citada medida cautelar a todos ellos.

En cada caso consideraron que el Ministerio Público de la Fiscalía estatal aportó datos de prueba suficientes para presumir la responsabilidad de estas personas en los ilícitos que se les imputan.

Hoy será la segunda diligencia para Alicia N y José Fernando N; la mujer fue identificada como la responsable de la contabilidad de la célula dedicada a la extorsión del grupo delictivo La familia michoacana en el sur de la entidad; y el segundo es un comerciante maderero acusado de imponer cuotas al resto de los establecimientos de este tipo.

En tanto, mañana se resolverá la situación jurídica de Gonzalo N, líder del Sindicato Brasdova, así como de Jorge N y Antonio N, quienes exigían cuotas a comerciantes de pollo y carne, respectivamente y sobreprecio al consumidor.

A regidora le achacan secuestro exprés

El miércoles un juez determinó también la prisión preventiva justificada para Yareli N, quien era la tercera regidora de Ixtapan de la Sal, acusada de secuestro exprés con fines de extorsión por hechos ocurridos en abril pasado cuando habría participado en la privación ilegal de un vendedor de muebles.

Mientras, se informó que Bernardo Alejandro N, detenido en Quintana Roo, fue ingresado al penal de Tenango. Según la fiscalía, este sujeto era el proveedor de pollo autorizado por el grupo delictivo en Ixtapan de la Sal y municipios aledaños; no sólo fijaba precios altos, sino que los polleros debían otorgarle 5 pesos más por cada kilo que les compraran.

Estas ocho personas fueron arrestadas el lunes en la mayor operación interinstitucional contra el delito de extorsión a fin de desmantelar un estructura operativa y administrativa encabezada por La familia michoacana que generaba acaparamiento de mercancías y aumento de costos hasta en 400 por ciento en el sur del territorio mexiquense.