Madrid. Más de 300 artistas, periodistas, intelectuales y ex políticos de izquierda, entre ellos Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Ana Belén y Joan Subirats, entre otros, firmaron un manifiesto en el que piden la “continuidad” del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, a pesar de los numerosos casos de corrupción que han surgido en el corazón del gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que a su juicio forma parte de un “ataque” de “los frentes conservadores y reaccionarios”. En la proclama pública también señalan a los medios de comunicación, a la cúpula de la Iglesia católica y la judicatura alineada con las formaciones de la derecha y la extrema derecha española. 

Los firmantes del manifiesto proceden de disciplinas y oficios diversos; están los creadores, que so la mayoría, y entre los que se encuentra Serrat, Almodóvar, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Montxo Armendáriz, Miguel del Arco, Ana Belén, Luis García Montero, Fernando Colomo y Alejo Estivel, entre otros. Pero también hay numerosos ex políticos, muchos de ellos ex ministros de gobiernos socialistas y sindicalistas, como Manuel Chaves, Manuel Castells, Magdalena Álvarez, Joan Coscubiela, Antonio Gutiérrez y Paco García, entre otros. Además de numerosos intelectuales, periodistas y académicos, como Joan Subirats, Joaquín Aparicio, Fernando Berlín y Ramón Maíz, entre otros. 

En el manifiesto expresan su preocupación: “El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo, que a la crítica política propia en un sistema democrático. No se trata sólo de la descalificación desde el inicio de la legislatura por parte de unas derechas que han puesto en cuestión el resultado electoral, siguiendo la senda de los Trump y Bolsonaro, sino que las incriminaciones y calumnias han alcanzado niveles desconocidos en los parlamentos europeos”. Incluso advierten que “los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de izquierda recuerda las agresiones fascistas de épocas pasadas”.

Los firmantes sostienen además que “la ofensiva y derribo del gobierno no se han quedado en meras palabras, sino en la activación y movilización de todos los sectores de poder, institucional o no, que existen en el ámbito conservador”. Y señalan que “sectores del poder judicial organizan concentraciones y huelgas, fuera de la legalidad, contra leyes del Congreso que no les gustan —la

amnistía, la reforma de la justicia— cuando esta última no ha sido aún aprobada. Jueces y magistrados abren prolongadas investigaciones, con endebles bases probatorias, mientras la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional porque no comparte la sentencia sobre la amnistía”. Además extienden la acusación a los medios de comunicación: “Una parte muy importante de los medios de comunicación y redes sociales han desatado una orgía de falsas noticias o medias verdades con el fin de crear un clima político irrespirable, que no se compadece con la situación del país”.

El manifiesto también expresa su malestar por la postura de la Iglesia católica: “Un sector de la jerarquía de la Iglesia, con el presidente de la Conferencia Episcopal a la cabeza, violando la neutralidad política, solicita nada menos que la celebración de elecciones generales en apoyo claro de las posiciones de las derechas. Todo ello en medio de dos guerras en Ucrania y Oriente Medio, con un presidente de EEUU que amenaza a España con represalias comerciales por haberse opuesto a un irresponsable aumento del gasto en defensa. Ni tan siquiera en esta cuestión las derechas y sus corifeos han tenido la vergüenza de apoyar la posición de España”.

En el manifiesto también hacen una mención velada a los casos de corrupción surgidos en el núcleo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al señalar que “es evidente que los supuestos delitos cometidos por exsecretarios de organización del PSOE son graves y denotan crasos errores in eligiendo e in vigilando. Sin embargo, es inadmisible que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia Civil, antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado”.