San Cristóbal de las Casas, Chis. Diez años después de la muerte de Marisol Martiríz Guzmán, originaria de El Salvador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dará una disculpa pública, debido a que su fallecimiento se debió a negligencia médica, informó el Fundar, un Centro de Análisis e Investigación.
Explicó que el acto está programado para realizarse el 21 de este mes en la cabecera municipal del municipio de Bochil, situado en el norte de Chiapas, donde residía la víctima.
Refirió que Marisol tenía 30 años cuando murió el 20 de julio de 2015 y llevaba 12 años viviendo Bochil con su pareja y sus hijos: una niña de 10 años y dos niños de 8 y 2 años en aquel momento.
“Cursaba su cuarto embarazo, con 39.2 semanas de gestación. La noche del 19 de julio llegó Hospital Rural del IMSS de Bochil, pues presentaba vómito y náuseas, aunque sin dolores de parto. En el hospital detectaron que el producto había muerto, por lo que le realizarían una cesárea, ya que se trataba de una urgencia”, dijo.
Agregó que de acuerdo con el expediente clínico, Marisol “tenía un probable desprendimiento prematuro de placenta, una urgencia obstétrica, de las más graves, con alto riesgo de muerte. Tras la cesárea, y dado su estado grave, se requería trasladarla a un hospital de mejor resolución, ya que en Bochil no tenían más hemoderivados ni el equipo para atenderla”.
Señaló que el traslado inició “seis horas después de concluida la cesárea, a pesar de que Bochil se encuentra a sólo una hora y media de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. El retraso se debió a que el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez no tenía médico de cuidados intensivos que recibiera a Marisol”.
Fundar afirmó que “tampoco se implementó el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas de manera efectiva, con base en el cual Marisol debió haber sido trasladada a alguno de los hospitales de las instancias firmantes del Convenio con capacidad adecuada para su atención. Cuando llegó al Hospital de Tuxtla Gutiérrez, ya había muerto”.
Sostuvo que “hay otras irregularidades y violaciones en el caso, pues la atención de Marisol en el Hospital de Bochil estuvo a cargo de médicos residentes de tercero y cuarto año, así como de un médico pasante de servicio social, sin la experiencia suficiente y sin la supervisión del médico responsable, ya que en el hospital de Bochil sólo había un médico ginecobstetra de base para el turno matutino”.
Además, abundó, “el hospital no cuenta con hemoderivados suficientes, y el retraso del traslado de Marisol al IMSS de Tuxtla obedeció a la falta de médico en la Unidad de Cuidados Intensivos”.
También dijo que “días antes de su muerte, el hospital ordenó la realización de un ultrasonido y otras pruebas a Marisol, pero no le fueron efectuadas, alegando el propio hospital no contar con el equipo”, por lo que la salvadoreña “no se los pudo realizar por falta de dinero para hacérselos de manera privada”.
La agrupación expresó que “además, el útero extraído a Marisol durante la cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, aun cuando el hospital debió efectuar un estudio histopatológico que habría ayudado a determinar las causas de la emergencia obstétrica”.
Añadió que “para poder documentar el caso se tuvo que interponer un juicio de amparo para acceder al expediente clínico, pues éste le fue negado a la familia”.
Señaló que el caso fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “por las violaciones cometidas y tras diversos obstáculos, en diciembre de 2018 emitió finalmente una propuesta de conciliación al IMSS, que aún está en etapa de cumplimiento, en la que se pide, entre otras cosas, una disculpa pública y la toma de medidas que aseguren que eventos como el de Marisol no se repitan”.
Concluyó: “Después de 10 años de haber sucedido estos hechos, el próximo 21 de julio se realizará la disculpa pública en Bochil”.
