El próximo 5 de agosto se presentará una “innovadora herramienta” que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para monitorear la promoción de las fórmulas comerciales infantiles (FCI) y otros sustitutos de la leche materna, informaron las doctoras Sonia Hernández Cordero, académica de la Universidad Iberoamericana (Ibero), y quien forma parte de CódigoLactancIA y Véronique Lesoinne, de la Liga de La Leche Intercultural. 

En un documento difundido por la Ibero, las expertas señalan  que dicha herramienta fue desarrollada por el grupo CódigoLactancIA, en el que participan expertos de la sociedad civil, academia y gobierno, incluyendo la Ibero, la Liga de La Leche, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) entre otras diversas instituciones. 

CódigoLactancIA busca garantizar que se respete los derechos de las familias y refiere que la lactancia es proteger la salud y la equidad de las madres, bebés y sus familias. 

En esta iniciativa también participan International Baby Food Action Network, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, México, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud y El Poder del Consumidor.  

Las especialistas señalan en el escrito que la agresiva promoción de FCI representa una amenaza directa al derecho de las madres a una información veraz y al derecho de los bebés a ser alimentados con leche materna.  

“Lejos de ser una elección libre e informada, muchas decisiones sobre alimentación infantil están influenciadas por el poder del marketing de las grandes industrias productoras de sucedáneos de la leche materna”. 

Establecen que esta situación exige una regulación urgente y efectiva y recuerdan que en 1981, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que prohíbe la promoción directa e indirecta de fórmulas infantiles, biberones y chupones.  

El Código exige que toda la información sobre la alimentación infantil sea imparcial, basada en evidencia científica y libre de intereses comerciales. Sin embargo, más de 40 años después, su cumplimiento sigue siendo “débil”. 

La serie The Lancet sobre lactancia publicada en 2023 reveló cómo la industria de las FCI invierte miles de millones de dólares en sofisticadas estrategias de marketing dirigidas a madres, profesionales de la salud e instituciones médicas. 

Señalan que estas estrategias refuerzan estereotipos de género, manipulan emociones, y promueven la falsa idea de que la fórmula es una opción igual o superior a la leche materna.  

Advierten que las consecuencias son graves, ya que la interrupción prematura de la lactancia incrementa el riesgo de enfermedades infecciosas, y muertes infantiles, aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad y otras enfermedades crónicas en etapas posteriores. Además, limita el derecho de las madres a tomar decisiones informadas sobre su salud y la de sus bebés.  

“Según The Lancet no amamantar se asocia con más de 800 mil muertes infantiles prevenibles cada año y genera pérdidas económicas globales cercanas a los 341 mil millones de dólares por costos en salud y menor productividad”. 

Frente a este panorama, regular la comercialización de FCI constituye una forma de proteger a las familias, aseveran. 

“Se trata de garantizar entornos libres de presiones comerciales donde las madres puedan tomar decisiones informadas, con acceso real al apoyo que necesitan para amamantar si así lo desean. La lactancia no es solo una opción individual: es un bien común que merece políticas públicas firmes, legislación clara y el compromiso ético de todos los actores del sistema de salud”. 

Para garantizar que las empresas respeten el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y sus resoluciones se necesitan leyes nacionales sólidas que integren todos los aspectos de este instrumento internacional. Citan que aunque México ha incorporado algunos en su legislación, “aún existen vacíos y pocas herramientas efectivas para vigilar su cumplimiento”.