El presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, perdió este martes las facultades, que le concedió el Congreso por un año, con un poder casi ilimitado jactándose de ser un “topo” infiltrado para disolver el Estado, y lo hizo hasta las últimas horas al oficializar la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos, que publicó en el boletín oficial y que abarcan áreas claves en todo el país.

Podría considerarse todo lo actuado hasta ahora como un golpe de Estado encubierto, ya que no dejó nada en pie, y sus decretos argumentando la necesidad de reducir el Estado para “achicar” el gasto público, tuvieron serias consecuencias desde que asumió el Ejecutivo (10 diciembre 2023) llevando al cierre de organismos e instituciones públicas en todas la áreas, incluyendo salud, educación, cultura, derechos humanos con el costo de miles de desempleados.

Con los 21 decretos poniendo la estructura judicial bajo su control, y aumentando a extremos nunca visto las fuerzas de seguridad, con equipos y armamentos de primer nivel, para la represión, y reglamentos anticonstitucionales como lo hacían las dictaduras, las medidas tomadas ahora serían comunes en gobiernos autoritarios. 

Se autorizó la desregulación de la venta de armas, presentó un nuevo reglamento que permite a fuerzas policiales espiar, detener, realizar allanamientos, utilizar la fuerzas en cualquier circunstancia, e inclusive matar, sin autorización judicial.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fueron entregadas al amparo de los superpoderes al control de la Gendarmería Nacional. 

Disolvió la Dirección Nacional de Vialidad lo que frenó la obra pública, en un intento por atraer inversiones privadas, lo que es casi imposible porque arreglar carreteras y abrir nuevas no son “negocios” que atraigan inversores.

Con la suspensión de la obra pública han sucedido accidentes, quedaron aisladas poblaciones en todo el país e incluso le cabe la responsabilidad en lo actuado en incendios e inundaciones que podrían preverse; suspendió las obras finales del gasoducto construido bajo los gobiernos de Néstor Kichner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2007), que permitirían tener suficiente gas y a muy bajo precio.

Organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, trabajadores Vialidad y de la ANSV e intendentes bonaerenses coincidieron en el diagnóstico: "Las rutas quedarán a la deriva", señala Página/12. Ahora se transformará a la red vial nacional en "rutas de la muerte". 

No sólo el hambre avanza, sino también la muerte. Las cifras de más de 60 fallecidos por hipotermia entre los miles que viven en las calles, da cuenta de la realidad que ocultan los medios hegemónicos locales y extranjeros. Sólo en esta capital 12 mil personas viven en las calles, señala un informe oficial, aunque es una cifra incompleta porque abarca las zonas centrales de la ciudad.

Ante la ola de decretos, mañana se sabrá cuantos más se emitieron después del cierre de esta edición.

A esto se suma el despido de mil 500 directivos e investigadores, a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, no renovación de contratos temporales y reducción de becarios, entre las distintas modalidades. Esto es sólo un ejemplo para mostrar el desastre que se abatirá sobre el país.

También comienza una furiosa censura utilizando el eufemismo de investigación con “asepsia”. Algo similar ocurrió en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muy respetado en el mundo, y resurgido durante los gobiernos de Kichner y Férnandez de Kirchner. Una cantidad de científicos que estaban en otros países retornaron a Argentina entonces.

Hoy el Conicet está bajo un ataque feroz del gobierno de Milei, que anunció que no concurrirá a Tucumán para asistir mañana al acto de recordación de la Declaración de la Independencia. Ni siquiera habrá desfile, porque la situación se agrava hora por hora y la economía se sumerge en un pozo del que difícilmente puede salir.