Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió este martes en su primer informe de gestión la firma de un polémico acuerdo sobre seguridad con Estados Unidos y la reforma al sistema de pensiones que siguen generando protestas en el país centroamericano.
El mandatario, que asumió el 1 de julio de 2024 y que durante su primer año tuvo que enfrentar la tensión con Washington por la insistencia del presidente, Donald Trump, de querer retomar el control del canal interoceánico y el descontento en las calles por sus controversiales medidas, no dio señales de ceder en sus decisiones.
Respecto al memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos durante la visita del secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth, a principios de abril, Mulino dijo ante el pleno de la Asamblea Nacional que el documento ha sido objeto de “interpretaciones mal intencionadas” y subrayó que “no viola nuestra soberanía bajo ningún concepto” y que todas las instalaciones de seguridad —donde se permite el acceso a militares y contratistas de ese país— continúan bajo control exclusivo de Panamá.
“El memorando no contempla bases militares ni cesión territorial de ningún tipo, y puede ser cancelado por Panamá de forma unilateral con seis meses de notificación”, reiteró.
Las amenazas de Trump de querer retomar el canal por la supuesta influencia de China y porque según él cobra tarifas exorbitantes a los barcos militares y comerciales de Estados Unidos, más la firma del acuerdo de seguridad, generaron preocupación y descontento en sectores de la sociedad panameña.
Mulino aseguró que el acuerdo es una herramienta para la lucha contra el narcotráfico. Mientras que, en relación con el canal, destacó ante los legisladores que “la neutralidad (de la vía marítima comercial) es y seguirá siendo su mejor defensa”.
Si bien se han realizado protestas en las calles contra ese acuerdo, es una nueva ley que reformó la seguridad social en marzo la que ha generado más descontento con protestas que ocasionaron enfrentamientos violentos y huelgas de sectores sindicales, de maestros e indígenas para exigir la derogación de esa norma que consideran perjudicará las pensiones en el futuro.
El gobierno levantó recién una serie de medidas que suspendían derechos fundamentales, como de movimiento, reunión y comunicación, en la provincia bananera de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, luego de una huelga, prolongados bloqueos de vías y protestas violentas que dejaron cientos de detenidos.
Mulino dijo en su informe que los impulsores de las protestas “son tan temerarios que aprovecharon la difícil pero inaplazable reforma de la Caja del Seguro Social para intentar desestabilizar al gobierno con movilizaciones disfrazadas de reclamos sociales”.
El mandatario panameño no mencionó en su discurso el también controversial tema de la posible reapertura de una enorme mina de cobre que fue cerrada luego que la justicia declaró inconstitucional el contrato de operación en noviembre de 2023, pero expresó su respaldo a la construcción de un nuevo embalse para atender la demanda de agua de la población y operación del canal. Este megaproyecto también ha generado protestas.
“Ese canal necesita más agua, nosotros necesitamos más agua para beber. No podemos afectar nuestra gran ventaja competitiva y nuestra estratégica posición geográfica”, afirmó.
