Ciudad de México. Una investigación de la Universidad Iberoamericana (Ibero) documentó que en 2024 se registraron por lo menos 72 “episodios” de desplazamiento forzado interno en 13 estados del país, en los que se vieron afectadas 28 mil 900 personas. El informe advierte que la principal causa fue la violencia ejercida por grupos del crimen organizado.

Los casos representaron 129 por ciento más que lo documentado en 2023, y las entidades con más reportes fueron Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, y Guerrero.

En conferencia de prensa, las investigadoras Eugenia Morales y Renata Vadillo, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, destacaron el caso de Chiapas, que por varios años ha encabezado la lista de más reportes de desplazamiento forzado.

Expusieron que en esa entidad el 79 por ciento de los desplazamientos estuvieron relacionados con la violencia provocada por criminalidad organizada, y el 20 por ciento “involucraron conflictividad social y territorial en el estado”.

En total en Chiapas, apuntaron, fueron desplazadas 17 mil 865 personas. “En un 45.8 por ciento el desplazamiento fue intraestatal, en 25 por ciento fue de tipo intramunicipal” y el resto no fue identificado.

Sobre Sinaloa, las investigadoras resaltaron que registraron 4 mil 480 personas desplazadas; el 83 por ciento de los eventos involucraron violencia causada por el crimen organizado y 17 por ciento fue “por violencia o negligencia estatal”.

En Chihuahua el monitoreo de 2024 arrojó ocho episodios de desplazamiento con un total de mil 552 personas, “todos concentrados en el municipio de Guadalupe y Calvo… el 100 por ciento de los eventos documentados involucraron violencia provocada por criminalidad organizada”, expusieron.

Las investigadoras explicaron que el objetivo del monitoreo es visibilizar los casos ante la ausencia de estadísticas oficiales. Recordaron que a la fecha no existe una ley general en materia de desplazamiento forzado.

Subrayaron que mientras más tiempo pasen las personas desplazadas fuera de sus hogares, “más deterioro económico, social y vivencial pueden experimentar”.

El desplazamiento, dijeron, conlleva una mayor vulnerabilidad económica y social, pues las familias “se separan, se desarraigan de sus hogares, de sus pertenencias, esto a veces implica una salida muy intempestiva, muy rápida y sin poder arreglar nada. Hay quienes se desplazan sin haber recogido sus documentos, esto después les perjudica a la hora de buscar trabajos o reinserción de sus hijos e hijas en las escuelas”.