Ciudad de México. Organizaciones civiles integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron que la falta de recursos económicos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha llevado a una reestructuración de sus oficinas en Chiapas y “ha provocado la reducción de personal operativo y de traducción”, lo que genera retrasos en los procesos de admisión, entrevistas de elegibilidad y las resoluciones.

Además, sostuvieron que han documentado, a través de testimonios, “presuntos actos de corrupción que involucran a personal de la Comar y redes de abogados particulares”, quienes aseguran a los migrantes que pueden acelerar sus trámites o incluso garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado, alegando tener contactos dentro de la institución.

“Estas prácticas, actualmente normalizadas entre la población solicitante, generan desconfianza en el sistema de asilo y ante la incertidumbre y las nulas condiciones muchos se ven orillados a contratar estos servicios”, señalaron las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

La Comar ha visto afectado su financiamiento ante los recortes que ha aplicado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la cual a su vez tuvo una disminución de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos.

En cuanto a los vuelos humanitarios ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) a personas venezolanas, el Colectivo de Monitoreo aseveró que se ha identificado que existe una lista de espera de aproximadamente 4 mil solicitantes en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, muchas de ellas pertenecientes a grupos familiares, que desde febrero aguardan una respuesta institucional.

Desde el 20 de febrero cuando se anunció el inicio de los vuelos de retorno voluntario, “sólo han partido siete vuelos con alrededor de 2 mil 50 personas, bajo criterios opacos y discrecionales que carecen de transparencia”, enfatizó.

Lo anterior, añadió, ha traído como consecuencia que familias que no cuentan con recursos económicos se vean obligadas a vivir en situación de calle y sin acceso a servicios básicos.

El Colectivo de Monitoreo también se condenó el desalojo del campamento de personas migrantes ubicado debajo de la Torre Chiapas al oriente de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 18 de junio. Acusó que “se trató de un operativo sin previo aviso, que vulnera los derechos humanos de personas que ya se encontraban en una situación de extrema precariedad y riesgo”.

Ante todo ello, exigieron a la Secretaría de Gobernación y al INM garantizar el funcionamiento adecuado de la Comar mediante la asignación de recursos económicos suficientes; e investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción dentro de dicha comisión, en particular las denuncias sobre colusión entre funcionarios y redes de abogados.

De igual manera, aclarar los criterios de selección para los vuelos humanitarios del INM, priorizando a grupos familiares y casos vulnerables que llevan meses esperando.