Santiago. Seis suboficiales del Ejército de Chile fueron arrestados el lunes y acusados de integrar una banda de narcotraficantes dedicada a la internación de droga al país por las fronteras con Perú y Bolivia, una situación que no tiene precedentes conocidos aquí y que hizo saltar alarmas por la gravedad que implica la penetración en las fuerzas armadas por la delincuencia organizada.

"Los hechos objeto de esta investigación son extremadamente graves, comprometen a una de las instituciones relevantes del país, como es el Ejército de Chile", reaccionó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Los suboficiales, que fueron dados de baja, pertenecían a la Brigada Acorazada "Cazadores", radicada en la localidad de Pozo Almonte, mil 700 kilómetros al norte de la capital, en la región de Tarapacá, desde la cual organizaban operativos logísticos para trasladar por carretera hasta Santiago los estupefacientes.

Al ser detenidos se les incautaron 161 kilos de cocaína y casi 30 de pasta base, todo avaluado en unos 3 millones de dólares, además de vehículos acondicionados para el transporte y ocultamiento de la droga.

El ministro Cordero aseguró que fue un “esfuerzo de control interno” lo que permitió detectar el funcionamiento de la organización criminal en la zona norte, y que “para el gobierno esta es una situación delicada, difícil, desde el punto de vista institucional”.

Describió que la banda operaba como “estructura criminal de transporte", admitiendo que "no sabemos los alcances" de la organización delictual al interior de la organización castrense, es decir, "quién es el que hace el punto de contacto y cuál es el punto de destino".

Esto es "complejo, delicado", afirmó, porque “afecta a una unidad militar que está en la zona fronteriza" y “nosotros no tenemos registro de una estructura criminal de esas características dentro de una institución armada", aseveró.

"La preocupación es cuál es el punto de contacto para que pudiera operar de esa manera y cuál era el destinatario final", añadió.

El Ministerio Público dijo que la investigación se concretó por una denuncia presentada por el propio ejército, a partir controles internos y que hubo interceptaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, que permitieron identificar a un civil que actuaba como financista.

Los seis ex militares y el civil detenidos, serán trasladados hasta la ciudad de Iquique, capital de la región de Tarapacá, donde serán judicialmente formalizados.