Quito. El Congreso de Ecuador aprobó este martes endurecer las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y expulsar inmediatamente a extranjeros que cometan delitos dentro del país, que vive una violencia sin precedentes por cuenta del narcotráfico.

Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la Ley de Integridad Pública incluye reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, entre otras.

Este es el segundo proyecto de ley del presidente Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes y que busca dar fuerza a su guerra contra el crimen organizado.

Ecuador está envuelto en un sangrienta conflicto territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. La tasa de homicidios creció de 6 por cada 100 mil personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.

Esta ley plantea que los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, "van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos", informó la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante la sesión.

Los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena "hasta un 50 por ciento", agregó la institución

La Unicef en Ecuador expresó su "preocupación por la incorporación de reformas regresivas". Estas medidas "no han demostrado ser efectivas" y "podrían empeorar la situación del sistema penitenciario", señaló el organismo en un comunicado, al recordar que la norma contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Centeno defendió que "esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad".

Esto "va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad", declaró a la AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.

Bowen añadió que "al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador".

La normativa también plantea la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial. El gobierno ha denunciado que el crimen organizado se ha infiltrado en la justicia para conseguir impunidad.