El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, reconoció al gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta por el trabajo de recuperación de un patrimonio del Estado. “El gobernador está haciendo lo que tienen que hacer todos, quienes tienen su misma responsabilidad, trabajar realmente para recuperar los recursos para la gente. No hacer proyectos que luego no funcionan”.

Lo anterior, durante la firma del Convenio para la Terminación Anticipada del contrato del Museo Internacional del Barroco, que permite que el estado deje atrás una deuda de más de 10 mil millones de pesos impuesta durante gobiernos anteriores. El acuerdo, alcanzado con la empresa Hermes Infraestructura, permitirá que el estado pague únicamente 2 mil millones de pesos, con lo cual se cancela una deuda que se proyectaba hasta el año 2039. Además, el Museo del Barroco pasa a ser formalmente propiedad de Puebla.

El titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Baca Rivera, catalogó el acuerdo como una negociación exitosa, como reflejo de la voluntad del gobernador Alejandro Armenta para dar fin a esta deuda. Además reconoció que la administración estatal cuenta a la fecha con finanzas sólidas, lo cual coloca a Puebla con la joya de la corona en la República Mexicana.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta enfatizó que este acuerdo no compromete los recursos del estado, ni limita los proyectos estratégicos en curso. Mencionó que el ahorro liberado se destinará a obras prioritarias, como la conectividad en la Sierra, la recuperación del Lago de Valsequillo y la Universidad Rosario Castellanos en Eloxochitlán. “El humanismo mexicano se traduce en responsabilidad, bioética y amor a Puebla. Soñar en grande sólo es posible cuando ponemos orden en las finanzas públicas”.

El titular del ejecutivo del Estado, Alejandro Armenta, sentenció que la deuda que hoy se resuelve equivale a 10 veces el Programa de Obra Comunitaria, a miles de patrullas para proteger la seguridad de las y los poblanos, así como a cinco veces el presupuesto anual para el campo.
El mandatario estatal precisó que la obra que hoy entregan, es el resultado de la suma de empresarios con visión inclusiva del desarrollo y un gobierno humanista que está alineado a la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, traducido en bioética social con valores. 

Por ello, detalló que con la terminación anticipada de la deuda se hizo un planteamiento justo para la empresa y al mismo tiempo se hace justicia social para las y los poblanos. 

En su mensaje, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, explicó que en Puebla no hay proyecto más caro que aquel que no cumple con su propósito, en este marco mencionó que desde el inicio de la administración han trabajado con eficiencia, honestidad y responsabilidad, lo que obligó a revisar los contratos heredados de distintas administraciones y ante ello iniciaron el proceso de terminación anticipada del contrato del Museo Internacional del Barroco.

García Parra enfatizó que el Museo Internacional fue concebido como un importante proyecto cultural, y después de una década los beneficios fueron nulos, resaltó que de 2016 a mayo 2025 se han pagado más de 4 mil millones de pesos, mientras que el monto proyectado de 2025 a 2039 sería de de 10 mil millones. Aseveró que el acuerdo no implica que se detengan las investigaciones contra de las y los servidores que utilizaron dicho esquema para saquear las finanzas del Estado. "Se trata de una decisión técnica jurídica y estrategia para proteger las finanzas del Estado". afirmó García Parra. 

En su mensaje, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Víctor Hugo Domínguez, detalló que después de un análisis profundo, jurídico, económico, financiero y social se tomó la decisión responsable de la terminación anticipada del contrato, ya que de continuar con el pago de 10 mil millones de pesos hasta 2039, se causaría un grave daño al erario del estado, que afectaría gravemente a las finanzas de las próximas administraciones, de tal forma que el acuerdo implica realizar únicamente el pago de 2 mil millones de pesos.