Ciudad de México. Organizaciones civiles y redes de México y Estados Unidos, convocadas desde el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, demandaron el cese a los ataques contra las comunidades migrantes en territorio estadunidense, el freno a la venta de armas y justicia para las víctimas de la violencia armada.
No es posible, condenaron, que el gobierno de Estados Unidos “use los recursos públicos para atacar, detener y encarcelar de forma violenta e ilegal a migrantes trabajadores y a estudiantes, profesores, organizaciones, universidades y profesionistas que se oponen a la violencia en su país, al genocidio perpetrado en Gaza y al absurdo de una guerra con Irán”.
En la explanada del monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, una delegación de sobrevivientes de la violencia armada en Estados Unidos expresó su solidaridad con el pueblo mexicano que se ha visto afectado por las armas que produce esa nación.
De igual manera, con las acciones del gobierno de México en contra de los fabricantes e industria de armas, “porque especialmente ahora con el gobierno de Trump necesitamos alianzas con personas a través de las fronteras”.
En la conferencia que se realizó simultáneamente en diversos estados de México y Estados Unidos, John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, destacó que “hay más de 400 millones de armas en manos de civiles en Estados Unidos”.
En la frontera con México y estados fronterizos, dijo, “hay más de 7 mil armerías donde se puede fácilmente comprar un cuerno de chivo, una AR15 o un rifle calibre 50”.
Por su parte, Kimberly Mata-Rubio, madre de Lexi, asesinada en Uvalde, Texas, en 2022, recordó que su hija y otros compañeros de colegio fueron ultimados por un joven de apenas 18 años de edad. “Entró a la escuela con un AR15 y la mató”, recordó.
Por ello, dijo que busca acabar con este tipo de casos. Estoy presente “para poder compartir esa historia y el sufrimiento que las familias y las madres han tenido que aguantar”, expresó.
El Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia urgió a los gobiernos de ambos países a crear un mecanismo binacional para transparentar y controlar la venta y el tráfico de armas en la región; otra para “la desmilitarización responsable”, así como impulsar el diálogo regional en política de drogas.
De igual manera pidió que se conforme un organismo binacional con participación de sociedad civil para el monitoreo de derechos humanos; una mesa de trabajo regional para la instrumentación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña y una reforma migratoria y laboral en Estados Unidos.
