La directora del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) Amaya Ordorika Imaz, anunció una reforma “de gran calado en materia de salud mental y adiciones” para integrar la normativa sobre ambos temas en la Ley de Salud de la Ciudad de México y erradicar prácticas que aún prevalecen como los tratamientos involuntarios y la apertura de clínicas de rehabilitación sin previo registro.

Informó que la iniciativa que se entregará al Congreso local subsanara omisiones en la legislación actual como la falta de supervisión de los centros privados de atención a la salud mental y obligará a las clínicas de rehabilitación a notificar sobre las personas internadas, esto último, por los protocolos de búsqueda de personas que obliga a las instituciones a rendir información a las comisiones sobre quienes ingresan a dichos centros.

Al participar en la primera mesa de trabajo en salud mental y adicciones de la Comisión de Salud del legislativo, Ordorika expuso el proyecto, en etapa de consultas, que establece la extinción del IAPA y la creación del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).

Explicó que esta iniciativa atiende la necesidad de armonizar la legislación local a la reforma de la Ley General de Salud de 2022, en la que se reconoce el carácter prioritario de considerar la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas como fenómenos interrelacionados y elementos fundamentales de la salud pública.

El proyecto propone crear dentro de la Ley de Salud local un capítulo denominado “De la atención de la salud mental y del consumo de sustancia psicoactivas”, y derogar la Ley de Salud Mental que se encuentra muy atrasada.

Explicó que en sus disposiciones comunes la reforma se centra en el reconocimiento de derechos, establecer un enfoque integral y comunitario, la prohibición de tratos crueles y degradantes, el consentimiento informado, la participación de las personas usuarias de los servicios en la determinación de su propio tratamiento y en la coordinación interinstitucional y el internamiento como último recurso.

La directora de atención psicosocial de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Alejandra Ivonne Amador Franco, planteó en la mesa preocupación por la reticencia  de profesionales de la salud para adoptar el modelo comunitario y abandonar el biomédico con el que han trabajado por años y el diseño de mecanismos de rendición de cuentas, monitoreo, evaluación y seguimiento, en tanto que Gabriela Castillo Quintanilla, directora de Políticas para la Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, señaló la necesidad de vincular el tema de la salud mental y la violencia de género.