Chilpancingo, Gro. Pobladores de los municipios de Petatlán, en la Costa Grande, y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, demandaron a los gobiernos federal y estatal la instalación de un destacamento de la Guardia Nacional con el fin de que resguarde a la ciudadanía asediada por la delincuencia organizada y que la mantienen incomunicada.

En un comunicado, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, así como a las diferentes autoridades de las fuerzas federales, pusieron a su disposición un terreno ejidal, en Puerto de las Ollas, poblado de Coyuca de Catalán, para la edificación del centro operativo.

“Los pobladores y familias de los Ejidos de Balcón de la Bandera y Soledad de la Palma, en Petatlán; los de Río Frío de los Fresnos y anexos, El Carrizal, en Coyuca de Catalán, alzamos la voz a fin de que se asegure el pleno goce de la garantías individuales y sociales, la paz, tranquilidad y el orden público”, manifestaron.

Demandaron que “el Estado aplique la prevención social del delito con carácter integral, pues en nuestras comunidades se han presentado actos tendientes a quebrantar la unidad, que destruyen e inhabilitan la infraestructura indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos.”

Asimismo, exigieron que se haga uso de los recursos que se encuentren a su alcance ara restaurar la seguridad en sus localidades, “porque actualmente hay amenazas y violencia que suprimen los bienes y derechos de nuestras familias, y en la que no existen condiciones propicias para la convivencia pacífica”.

Por lo anterior, “pedimos de la manera más atenta la construcción de una instalación para un destacamento de la Guardia Nacional, en conjunto con el Ejército Mexicano, la Policía del Estado y del municipio en un terreno ejidal, mediante la obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes en carácter de donación transmitido a favor de la Guardia Nacional”.

Plantearon a las autoridades que permitan el acceso de alimentos, como parte de un derecho humano, pues las actuales condiciones, señalaron, no garantizan el acceso seguro y equitativo a los sistemas de abasto, “debido a que somos violentados sin poder transitar libremente por nuestras comunidades.”

También exigieron que siga la presencia de las fuerza armadas en esas regiones “hasta que se asegure el libre ejercicio de nuestras labores, comercio, agricultura y ganadería.”

Con el fin de que se puedan construir vías de comunicación, caminos artesanales y exista el acceso a la radiodifusión, telecomunicaciones e internet de banda ancha, y sobre todo “se apoyen las acciones que permitan alcanzar la suficiencia de nuestros ingresos económicos.”

Asimismo, solicitaron la intervención de los tres niveles de gobierno ante la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que “se promueva la ágil gestión para la instalación de la red eléctrica en las comunidades.”

Recordaron que desde abril pasado los criminales no permiten el acceso de víveres y no se cuentan con alimentos para subsistir; no hay comercio, prohíben el ingreso de proveedores y tampoco hay asistencia médica.

Las clases en los niveles básicos, acusaron, están suspendidas porque los profesores son foráneos y tienen miedo de acudir a impartir sus clases, las cuales desde mayo pasado están suspendidas.

Finalmente denunciaron que más de 20 familias que recibieron amenazas huyeron de sus comunidades, mientras que los delincuentes se apoderaron de sus propiedades, ganado y tierras.