Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar la discusión programada para este miércoles sobre el amparo promovido por Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a casi 79 años de prisión por el secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.

Asimismo, la autoridad ministerial pidió que se declare impedido al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, autor del proyecto que propone conceder el amparo a González Lomelí y ordenar su liberación inmediata.

La Primera Sala de la Corte tiene programada para este miércoles la votación del amparo directo 26/2022, pero esta no podrá realizarse hasta que se resuelva la solicitud de impedimento presentada por la FGR, registrada bajo el expediente 38/2025, en la que pide que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se excuse de conocer del asunto.

González Lomelí fue detenida en 2006, luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la señalara como partícipe en el crimen ocurrido el 11 de julio de 2005. En 2011 fue condenada a 78 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, el proyecto del ministro sostiene que las pruebas clave del caso fueron obtenidas mediante tortura, tanto a la quejosa como a otros presuntos implicados. Señala que el Estado no acreditó que las confesiones rendidas por González Lomelí —bajo arraigo, los días 6 y 21 de febrero de 2006— se obtuvieran respetando sus derechos fundamentales.

“Por tanto, esa prueba debe invalidarse, así como cualquier otra que se hubiese obtenido con motivo de esta supuesta confesión. En este sentido, ninguno de los elementos probatorios obtenidos durante los cateos llevados a cabo el 14 de febrero de 2006 en el domicilio de la quejosa; el cateo del 26 de febrero de 2006 en el domicilio de su coimputada Brenda, o cualquier otro que derive de confesiones obtenidas mediante tortura”, señala el proyecto.

El ministro concluye que, sin esos elementos, no existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de González Lomelí. Los únicos datos restantes, sostiene, son testimonios de familiares, conocidos y empleados del empresario, que refieren sus actividades antes de su desaparición, el hallazgo de su vehículo y las comunicaciones con los secuestradores.