Bogotá. El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, comienza una semana de decisiones políticas complejas en medio de un ambiente enrarecido por el atentado contra el senador de la oposición Miguel Uribe Turbay, que este lunes, 48 horas después, se debate entre la vida y la muerte.
El último parte médico expedido por la Fundación Santa Fe (centro médico), dice: “su situación reviste la máxima gravedad. Por tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado”.
Por su parte, las investigaciones judiciales son preliminares y solo se tiene certeza de haberse capturado al ejecutor material del atentado que es un menor de edad. Según las autoridades de policía y judicial se observan varias hipótesis, entre ellas, que pudo ser un ataque personal o un hecho provocado para desestabilizar el país.
“Las investigaciones son preliminares. Sabemos que el arma utilizada en el atentado fue adquirida en Estados Unidos en el año 2020. Para avanzar lo más pronto posible hemos asignado un equipo de 180 investigadores”, dijo en rueda de prensa la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Sin embargo, el propio presidente Petro en su cuenta de X revelo que “por mi parte debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3. Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”.
El joven sicario, a quien cobija un régimen especial judicial por ser menor de edad, tuvo en la tarde de este lunes su primer interrogatorio a puerta cerrada practicado por el juez de garantías que oficializó su detención. Un abogado de oficio lo asesora.
Debate político
El atentado contra el senador Uribe Turbay, de 39 años, provocó la reacción de la variopinta derecha colombiana, que no ha escatimado espacio de televisión o radio para lanzar hipótesis sobre el hecho para responsabilizar al gobierno del presidente Petro de lo ocurrido.
El gobierno convocó a todos los partidos del espectro político al comité de garantías electorales y aspirantes presidenciales para discutir con ellos medidas de seguridad; al final del día un comunicado de la oposición rechazó dicha invitación porque, aseguran, “no es este gobierno el más indicado para garantizar la vida de los líderes políticos de la oposición”.
Entre tanto, la actividad política continúa su camino y la pugna se concentra en la consulta popular que tiene enfrentados al gobierno del presidente Gustavo Petro con el Senado de la república hoy sometido a presiones de la justicia que lo obligó a repetir un procedimiento que practicó violando las normas internas que rigen la labor parlamentaria.
La consulta popular es un procedimiento democrático según el cual, de acuerdo con la Constitución Política, permite que sea el pueblo el que decida en las urnas el futuro de temas que le afectan, pero debe ser aprobado por el senado previamente.
