Un megasocavón de 10 metros de ancho por tres de profundidad se formó frente a un predio en el que se construyen tres torres habitacionales –dos serán de 17 pisos y una de 10–, destinadas a albergar 241 departamentos, sobre la avenida Granjas 300, colonia Libertad, en Azcapotzalco, que está a cargo del Grupo Corintio.
Vecinos aseguraron que debajo de los edificios pasa una tubería de cuatro metros de diámetro que va conectada a la lumbrera cero del drenaje profundo, por lo que temen que esto genere un colapso en el sistema de captación de aguas residuales y empeore las inundaciones que se registran en época de lluvias.
Agregaron que ante la acumulación de gases la lumbrera ha explotado en dos ocasiones, por lo que el hundimiento en la zona podría ocasionar otra tragedia.
Según Alfredo Javier González, ingeniero industrial y habitante de la colonia, fue hasta septiembre de 2024, cinco meses después de la primera reunión oficial con la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizada el 1º de junio, que obtuvieron los planos de la obra que se inició en marzo pasado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho una consulta vecinal sobre dicha edificación ni se han presentado los permisos de construcción.
Pese al llamado a las autoridades, la alcaldesa Nancy Núñez ha hecho caso omiso porque dice que eso corresponde a la anterior administración; de todos modos se les ha pedido un estudio topográfico, el cual no tenemos, expresó Nathali Sánchez.
Entre las preocupaciones de los habitantes de la zona está la escasez de agua y el aumento de tránsito vehicular, pues para dicha obra también se tiene planeado un estacionamiento destinado a 330 vehículos.
Tras un recorrido por la colonia, se observaron árboles podados que chocan contra la edificación: no sabemos si en sus planes está derribarlos, dijo la señora María Elena, otra vecina. Aseguraron que la Secretaría de Medio Ambiente no ha dicho nada al respecto.
También advirtieron que la obra ya afecta calles y viviendas cercanas con fisuras y riesgo de colapso. Por eso, los habitantes solicitan a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la suspensión definitiva de los permisos de construcción ante la omisión de las autoridades locales.
