El ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, responsable del equipo que interpuso en 2021 la demanda de México contra ocho fabricantes de armas en Estados Unidos, expresó su sorpresa y descontento ante el fallo unánime de la Suprema Corte estadunidense que bloqueó el litigio.

En un encuentro virtual organizado por el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, Celorio lamentó que el tribunal no aprovechara la oportunidad para permitir que la demanda avanzara y, así, México pudiera presentar pruebas que vincularan a las empresas demandadas con el daño sufrido por la violencia en el país.

El ex funcionario señaló que la jueza liberal Elena Kagan, autora del fallo, argumentó que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego a los traficantes mexicanos. Celorio interpretó esta decisión como una defensa restriccionista de la ley de inmunidades por parte de la Suprema Corte, con el fin de proteger a la industria armamentística de posibles demandas similares, como la que podrían presentar familiares de las víctimas contra la tienda que vendió el rifle usado en el atentado de 2019 en el Wal-Mart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 22 heridos.

Enfatizó que la información de trazabilidad de las armas, desde su fabricación hasta su decomiso en México, no es pública, lo que dificulta la prueba de vínculo directo que exigía la Corte.

El ex consultor señaló que la lección principal es la necesidad de hacer pública la información de trazabilidad de las armas, lo que, según él, cambiaría la conversación y aumentaría el costo político para la Suprema Corte al tomar una decisión como la que adoptó.

Celorio destacó que, a pesar de lo que parece una derrota, la decisión abre una vía para futuras demandas al requerir probar una participación activa de las empresas en la producción del daño.

Hizo un llamado a la sociedad civil y autoridades a insistir en la publicación de la información de trazabilidad y a exigir al gobierno de EU que convoque a la industria armamentística a establecer mecanismos de monitoreo y control de la venta de armas.

Insistió en que la solución no es más armas, sino romper la cadena del tráfico. Además, recordó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLACA) en EU otorga una inmunidad casi plena a la industria, lo que resalta la necesidad de seguir presionando al Congreso estadunidense para que la revierta.