Ciudad de México. Al menos 250 mil expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se encuentran suspendidos en alguna fase procesal, tras al paro de labores que el lunes iniciaron más de un centenar de trabajadores despedidos de manera “arbitraria”, de acuerdo con datos oficiales.

Algunos juicios tienen más de 10 años sin resolverse, la mayoría de ellos por despidos injustificados, devolución de aportaciones y pagos de pensiones relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, empresas privadas, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Afores, detallaron empleados de la institución, quienes insistieron en su demanda de que sean reinstalados y se les liquide conforme a la ley.

A ese número hay que sumar los “miles” de casos con un laudo, cuya ejecución está pendiente debido a un amparo, indicaron. Datos de la JFCA indican que, hasta agosto de 2024, había más de 30 mil 800 juicios en esta situación.

En el segundo día del paro, trabajadores entrevistados que fueron despedidos “de manera injustificada” denunciaron que la titular de la Junta Federal, María Eugenia Navarrete, “nunca nos dio la cara, mucho menos cuando nos obligaron a firmar la renuncia” y, por el contrario –señalaron– han recibido “amenazas por parte del subdirector de administración Pablo Valdes Zepeda”, respecto a que si no entraban a las instalaciones “nos iban a correr a todos”, además de levantarles actas administrativas.

Una secretaria de acuerdos, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, acusó que el funcionario les advirtió que en agosto vendrá otro despido masivo y que “si a los que recién corrieron les dieron una gratificación, para el resto no habrá nada”.

Ayer los trabajadores entregaron un pliego petitorio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que plantean ser reubicados, respetar su antigüedad laboral y que no haya represalias para ningún empleado “considerando las amenazas realizadas por sus superiores”.

Hace una semana fueron suprimidas las juntas especiales 3 Bis, 7 Bis, 8 Bis, 9 Bis, 12 Bis y 14 Bis. En cada una de ellas había por lo menos 5 mil juicios pendientes, los cuales serán atendidos en otras juntas, indicaron. Los días 2 y 3 de junio fueron declarados “inhábil” para efectos procesales.

En el plantón los trabajadores, tanto activos como despedidos, subrayaron que la decisión de la JFCA es “contraria y violenta ” lo establecido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, la cual estableció que en la transición del nuevo modelo laboral, “los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad”.

Eduardo Rivas, quien tenía 32 años laborando en la JFCA, indicó que fueron despedidos sin previo aviso. Contó que el lunes 26 de mayo pasado se presentó a laborar, pero no había checadores y únicamente “nos pidieron ir al cubículo del presidente de la Junta, donde nos encerraron y nos exigieron” firmar la renuncia, sin posibilidad de recoger sus pertenencias.

Indicó que en el lugar también había representantes de la STPS.

“Era una carta-convenio que no nos dejaron revisar, que nos exigieron firmar porque tarde o temprano nos iban a correr sin respetar nuestra antigüedad”, acusó el hombre, cuyo caso se hizo viral en redes sociales por la difusión de un video donde se le ve siendo escoltado por personal de seguridad cargando una caja con algunas de sus pertenencias, las cuales no le permitieron sacar.

De esta forma fueron despedidos los 180 trabajadores de la JFCA, la mayoría con entre 10 y más de 30 años de antigüedad. A cada uno se les exigió firmar su renuncia y sólo se les ofreció pagarles, en un lapso de dos meses, entre 100 mil y 350 mil pesos de “gratificación” por sus años de trabajo.

Los trabajadores reclamaron el “atropello” a sus derechos laborales, ya que no es una liquidación conforme a la ley, porque no toma en cuenta todas sus prestaciones ni considera el total de sus años de antigüedad, sino sólo los de su último puesto.