Recientemente, el periódico The New York Times (NYT) publicó en su primera sección un inusual artículo alrededor de la figura del abogado Edwin S. Kneedler, de la Oficina del Procurador General (OPG). Dicha oficina se encarga de supervisar y conducir los litigios gubernamentales ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Estos casos comprenden alrededor de dos terceras partes de todos aquellos sobre los que decide la Corte. 

El abogado Kneedler se unió a la OPG en 1979 y se convirtió en procurador adjunto en 1993. Se retiró en abril pasado. El NYT informó que luego de un debate rutinario ante la corte, el pasado día 23 de abril, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, llamó a Kneedler y le dijo: “Acaba usted de presentar su argumento número 160 ante esta corte, y entiendo que es su último. Eso es un récord para los tiempos modernos”. El magistrado lo felicitó por su “extraordinario cuidado y profesionalismo”. Luego, continúa la reseña del diario, ocurrió algo excepcional al surgir en el recinto un aplauso que llevó a una ovación de pie para Kneedler. A ella se unieron los otros ocho jueces que componen la Suprema Corte. 

Un antiguo procurador general señaló que Kneedler encarnaba el ideal de un abogado del gobierno, cuyo servicio a la corte y su interés en aplicar la justicia prevalecieron constantemente, con una lealtad debida por entero al Estado de derecho y siendo siempre lo opuesto a un faccioso. 

Es casi nula la probabilidad de que en otro momento esta nota, aparecida en una página interior de la primera sección del NYT, hubiera captado mi atención. ¿Qué relevancia tendría la reseña de sucesos ocurridos en torno a un abogado del gobierno de otro país que finaliza su carrera? Sería un asunto meramente anecdótico. Pero hoy las cosas son distintas, y lo que parece un hecho trivial destaca, porque pone en evidencia la enorme relevancia de los abogados y los jueces en un sistema de justicia. 

La nota del NYT se titula: “Un abogado ciudadano recibe ovación en la Suprema Corte”. “Abogado ciudadano” (citizen lawyer) es un término referido a los abogados que dan prioridad al servicio público y al bienestar general como parte de sus obligaciones profesionales, como es el caso del trabajo que desempeñaba Kneedler. La OPG presenta argumentos por parte del gobierno en casos referidos a leyes federales y asuntos constitucionales muy diversos, como son casos de inmigración y derechos de los que no son ciudadanos, cuestiones relativas a la libertad de expresión, la separación de poderes o las leyes medioambientales. La OPG puede determinar si interviene en alguna corte para defender la constitucionalidad de una ley promulgada por el Congreso. 

Estamos, pues, en el meollo de la aplicación de la ley: su formulación, su interpretación y su aplicación, un aspecto fundamental del estado de derecho. Ahí encaja Kneedler como figura prototípica. Se trata de la esencia misma de un sistema de justicia como parte del entramado social y político. La cuestión tiene que ver con la condición de ciudadanos a los que están dirigidas las leyes, lo que impide eludir su carácter también como personas y como individuos. 

Otro asunto que se pone de relieve es el embate para reducir la burocracia, como la que se impuso en Estados Unidos mediante la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Los recortes aplicados han provocado afectaciones significativas para muchos trabajadores del gobierno y debilitado, si no es que cancelado, diversas entidades públicas sin que se advierta un criterio de justificación o de consistencia en tales decisiones e, incluso, creando situaciones diversas de riesgo por la cancelación de funciones. 

Max Weber, el famoso sociólogo alemán, tenía una visión compleja sobre el trabajo burocrático que conviene recordar. La burocracia weberiana que se expone en Economía y Sociedad considera un tipo ideal y racional de organización o conjunto de organizaciones para establecer un orden administrativo. El núcleo del tipo ideal reside en una estructura jerárquica, profesional, apegada a reglas, impersonal, meritocrática y disciplinada de servidores públicos con competencias específicas y que operan fuera de la esfera de la política. Como tipo ideal, es parte de una visión del proceso de modernización y la emergencia de un Estado funcional y basado en la racionalidad. 

La gestión del Estado necesita operadores de tipos muy diferentes. El trabajo que se hace es diverso y en muchos casos es complejo y muy especializado. El abogado Kneedler exhibe esa cualidad de superioridad del servicio público y hace ver que la ley no siempre resiste las fuerzas que la comban; seguramente no es el único.