El gobierno de Donald Trump pretende, prepotentemente, derribar el castillo de naipes que sostiene el orden de comercio internacional. Como críticos de ese sistema, vemos en ello** oportunidades y desafíos para repensar las relaciones trinacionales y superar dogmas neoliberales. No deja de preocupar, sin embargo, el caos e impactos que estas medidas causan a trabajadores y agricultores de toda Norteamérica. Los pueblos de México, EU y Canadá comparten su vulnerabilidad ante los caprichosos cambios de políticas comerciales.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) introdujeron reglas para permitir a empresas operar trasnacionalmente y les otorgaron nuevos poderes para demandar a gobiernos por cualquier regulación en beneficio de comunidades que entorpezca sus ganancias. Los tratados de libre comercio (TLC) consisten en permitir que se puedan generar bienes y servicios donde los costos laborales, normativos y fiscales sean más bajos y venderse donde haya mayor poder adquisitivo.
Trump, sin embargo, culpa a trabajadores de otros países y a emigrantes a EU de las dificultades económicas y del aumento masivo de la desigualdad en ese país desde la entrada en vigor del TLCAN. Rechazamos esa visión nacionalista y distorsionadora de la realidad. Los trabajadores de los tres países han sido perjudicados por corporaciones que eluden regirse por regulaciones nacionales, mediante tratados comerciales y de inversiones.
Organizaciones sociales y civiles (OSC) llevan décadas trabajando en elaborar alternativas a los TLC, que son el arma fundamental del neoliberalismo (https://tinyurl.com/z9ju2ahk). En las renegociaciones del TLCAN hacia el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 2018-19, docenas de aliados internacionales presentamos cómo las reglas del comercio internacional podrían transformarse en una agenda progresista en beneficio de los pueblos y el planeta (https://tinyurl.com/3aeunuaa).
Es cierto, se lograron algunas mejoras en el T-MEC, como disposiciones laborales que incluyen un eficaz “mecanismo de respuesta rápida” ante las principales violaciones de derechos laborales en México (https://tinyurl.com/4jx9khnw). También se eliminaron las antidemocráticas disposiciones del TLCAN relativas a mecanismos de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS) entre Canadá y EU, aunque se mantienen parcialmente entre EU y México (por eso es necesario eliminar el anexo D del capítulo 14 de inversiones). También se lograron bloquear algunas propuestas extremistas de Trump sobre derechos de propiedad intelectual que habrían aumentado los precios de medicamentos en toda América del Norte.
Desde antes de la imposición por Trump de aranceles al acero, aluminio y automóviles a Canadá y México, desde organizaciones sociales y civiles hemos considerado cómo podría utilizarse la revisión del T-MEC en 2026 para presionar más allá de estas modestas mejoras a las reglas comerciales. Pero las acciones del presidente estadunidense sólo han complicado los escenarios al enfrentar a trabajadores y a gobiernos entre sí.
Mientras los aranceles pueden ser útiles como parte de estrategias de desarrollo económico, como fuente de ingresos para un país, la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de EU de la semana pasada (La Jornada, 31/5/25), deja muy claro que los aranceles de Trump no están vinculados a ninguna agenda de este tipo y son, en consecuencia, ilegales.
Aunque Trump ha retirado aranceles universales a Canadá y México, los que quedan amenazan empleos, incluso en EU, y violan el T-MEC, el que el mismo Trump negoció durante su primer mandato y que contradictoriamente todavía afirma que funciona bien. Estamos en un punto en que todavía no queda claro que quiere Trump, si mantener el T-MEC o negociar nuevos tratados bilaterales.
Las demandas por una región norteamericana centrada en el bienestar público incluyen la urgencia de una transición justa para abordar el cambio climático, el reconocimiento de los derechos y la soberanía indígena, poner fin al acoso sexual y la violencia en los lugares de trabajo, la lucha por la equiparación de salarios y buenos empleos, los derechos de trabajadores migrantes en los tres países, entre otras. ¿Es posible que se incluyan en la agenda de un diálogo comercial trinacional bajo el mandato de Trump? Muy probablemente no. Pero no es sólo el gobierno de Trump el problema; Canadá acaba de elegir un gobierno que espera alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo comercial y de seguridad con EU, en parte cumpliendo las exigencias de Trump de aumentar significativamente el gasto militar de otros países. El gobierno de Claudia Sheinbaum, también quiere completar rápidamente la revisión del T-MEC con Trump, y no parece tener prisa, hasta el momento, por consultar al pueblo mexicano sobre cómo debería ser ese acuerdo.
Pero la defensa de la justicia económica y social depende antes que nada de una articulación y unificación de una sociedad civil norteamericana para fortalecer la causa de trabajadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, defensores del ambiente y de los derechos humanos en los tres países.
Debemos oponernos a que los aranceles de Trump nos dividan. En nuestros tres países queremos empleos decentes, sistemas alimentarios y entornos saludables, y como pregonaba Sheinbaum cuando era estudiante, “comercio justo con democracia”. La diplomacia de cañoneras de Trump sólo conducirá a una mayor desintegración y carrera al fondo. Las alternativas al T-MEC y otros tratados desarrolladas durante décadas a través de la solidaridad internacional ofrecen un camino real para contrarrestar el poder corporativo y construir economías incluyentes y relaciones internacionales constructivas. Organizaciones sociales y civiles de los tres países ya se están rearticulando. Un ejemplo fue la Asamblea Nacional T-MEC convocada por la Alianza Ciudadana por la Paz el pasado 21 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (https:// tinyurl.com/yp486rn7).
*Institute for Policy Studies.
**Artículo basado en una colaboración con Stuart Trew, director de Investigación sobre Comercio e Inversión del Canadian Centre for Policy Alternatives y Karen Hansen-Kuhn, directora de comercio y estrategias internacionales del Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), publicado en Foreign Policy in Focus (www. fpif.org)
