Toluca, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de tres notarios, cinco servidores públicos estatales y  cuatro municipales coludidos en actividades de despojo. Además se cumplimentaron once órdenes de aprehensión contra 11 objetivos prioritarios que formaban parte de redes criminales dedicadas a la comisión de este delito.

En un comunicado de medios, la Fiscalía estatal detalló que como parte de la 'Operación Restitución' enfocada a rescatar inmuebles con denuncia de despojo, se pudo detener a 11 integrantes de los autodenominados sindicatos, que operaban en el Valle de México, quienes, entre otras a actividades, se dedicaban al despojo de inmuebles. Varios de estos sindicatos como 'UNSON', 'GOEZ' y 'Los 300' tenían relación y protección con grupos políticos.

A raíz del caso de la señora Carlota, una septuagenaria que disparó contra dos personas que le habían despojado de su casa en Chalco, la Fiscalía mexiquense inició una amplia investigación para identificar redes criminales dedicadas a este delito. La incidencia de despojo tuvo un crecimiento exponencial desde la pandemia y se tienen reportes que diariamente se levantaban, en promedio 15 denuncias por este ilicito en todo el estado.

Con las indagatorias se pudo establecer la existencia de grupos criminales que actuaban con protección y ayuda de funcionarios estatales y municipales e incluso notarios, que regularizaban predios que habían sido ocupados de forma ilegal.

Del 22 al 30 de mayo fueron cumplimentadas 11 órdenes de aprehensión en contra líderes y miembros de loas agrupaciones identificadas como 'INSON', 'GOEZ' y 'Los 300' quienes “intimidaban a habitantes o poseedores de casas habitación, locales comerciales o incluso inmuebles desocupados o en aparente estado de abandono, de los que se apropiaban ingresando violentamente, los transgresores ocupaban para sí dichas edificaciones y exigían cantidades de dinero para devolverlas a sus víctimas.

Luego, con apoyo de funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México, regularizaban los inmuebles ocupados ilegalmente. Se tiene identificados a 4 servidores públicos que se encargaban de estas tareas. Sobre ellos pesa una orden de aprehensión, pues los expedientes donde se les imputarán los delitos ya están en manos de jueces estatales.

También hay órdenes de aprehensión en contra de tres ex funcionarios municipales de áreas de catastro, de los cuales no se proporcionó la identidad, que colaboraban con estas redes criminales y les brindaban protección y ayudaban a obtener documentación oficial de los inmuebles.