El sistema educativo público, junto con el de salud, fue uno de los que mayores embates neoliberales sufrió desde los años 80. Sus instituciones fueron penetradas y alteradas de manera estructural. Con ello me refiero a su funcionamiento integral, que va desde las prácticas docentes, los procesos y condiciones de trabajo, hasta los estímulos, los salarios y las pensiones. Los llamados ingreso, permanencia y promoción, exámenes de admisión y evaluaciones de todo tipo, alteraron todos los niveles, funciones y acciones. 

Hasta ahora se han derogado ciertas partes de esa múltiple estructura evaluativa que se montó para intervenir directamente en la “neoliberalización” del sistema. “Parches”: derogar el INEE y la ley Peña en su aspecto punitivo, derogar las peligrosas guarderías subrogadas, derogar al Comipems y a la Mejoredu, bien pero, ¿Por qué no todo el sistema de evaluación, el núcleo duro de la injerencia neoliberal? ¿Por qué no el Ceneval?, ¿Por qué no los diversos sistemas de evaluación y estímulo que determinan tanto salarios, como proyectos, investigación y matrículas? Varias son las “piedras” en el zapato de la realidad educativa y no todas tienen la misma respuesta por parte de los involucrados. Muchos profesores siguen defendiendo apasionadamente los estímulos. ¿Podemos avanzar a una reforma total? 

En este momento se puso en marcha una demanda histórica del magisterio: eliminar la ley de pensiones calderonista de 2007. Una lucha sin precedentes se dio en aquel momento: durante un año entero los maestros de la Coordinadora (CNTE) mantuvieron un plantón en las instalaciones del Issste, frente al monumento a la Revolución. Una demanda no sólo necesaria, sino justa y urgente. Las pensiones en esencia fueron privatizadas, como en casi todo el mundo, pero con distintos mecanismos, aquí fueron entregadas junto con el Fobaproa a la voracidad bancaria o de la Afore-Issste. 

Los excelentes artículos de nuestro compañero Braulio Carbajal del 13 y 14 de mayo aportan datos precisos. Pero nos surgen ciertas dudas o ideas que necesariamente tendremos que debatir si queremos avanzar en una restructuración inaplazable: 

1.- Llama la atención que Pedro Hernández, Secretario General de la sección 9 democrática, dirigente de la CNTE, nos diga que “el cambio ha sido desastroso porque, a diferencia del esquema de cuentas individuales, no ofrece una pensión digna, sino una simple renta vitalicia”. ¿Esto quiere decir que los que optaron por el esquema totalmente privatizado están recibiendo mejores condiciones a pesar de la voracidad de los bancos? Entonces cuando hablamos de una reforma integral y no un parche, ¿en qué estamos pensando con relación a pensiones acumuladas en las Afore de los bancos? 

Hay “2 millones 477 mil personas en este esquema”, ¿ellas seguirían en ese esquema que parecería ser mejor? Sólo 24 por ciento, de acuerdo con los datos en el artículo, estamos en el esquema del décimo transitorio, ¿nuestra demanda sólo tendría que ver con este esquema de pensiones-Issste, o se deroga toda la ley? 

2.- En el artículo se nos convoca a no desperdiciar una “oportunidad histórica” de liderar un debate nacional para no seguir haciendo parches y proponer alternativas estructurales. Bienvenido el debate en torno a los remanentes neoliberales en el sistema educativo: eliminación de los sistemas evaluativos sujetos a otorgar una remuneración monetaria o escalafonaria o para el ingreso. Nivelaciones salariales, condiciones laborales y de docencia pero, sobre todo, los contratos de hora/semana/mes que son el mayor número de plazas a lo largo de todos los niveles del sistema entero y que crecieron sin control en los últimos 40 años. Una vergüenza que el sistema se mantenga con esas plazas. 

3.- Ya que el asunto de las pensiones es el que desató estas reflexiones, quiero aportar un ejemplo personal de la dimensión de los contrasentidos que enfrentamos y que es desafiante: logré pensionarme hace un año, siendo profesora universitaria titular de tiempo completo, con casi 40 años de servicio; tengo una pensión de 10 Umas, la máxima; recibo 32 mil pesos y cuando me jubilé ganaba 46 mil 500 netos. Pedro Hernández calcula que ajustando al salario mínimo (SM), serían 62 mil pesos. La Comisión de Salarios, por otro lado, dice que el SM está en 8 mil 346. ¡Dios te oiga!, diríamos, recibiría entonces 80 mil pesos de pensión. Imagino las inmensas colas de profesores universitarios que hoy no se quieren jubilar, pero que con 80 mil lo harían inmediatamente. 

4.- El “parche” de duplicar el SM, medida muy justa, pero dejar toda la restante escala salarial en aumentos de 4 por ciento ha producido una paradoja inverosímil: ahora las pensiones con ese SM duplicarían al salario real vigente. Pensando en los salarios injustos como los de un profesor de primaria con un solo turno (25 hrs) y sin estímulos, que según el catálogo oficial de puestos, es de 11 mil 753 pesos y su jubilación debe ser de 2 Umas, algo más de 6 mil, ¡pero si fueran salarios mínimos sería de 16 mil pesos! ¿Nuestra demanda sería que las jubilaciones estén por encima de los salarios? 

5.- Efectivamente, se requiere de un verdadero debate nacional, todo está de cabeza en el sistema educativo. Enfrentémoslo. 

*Investigadora de la UPN y autora de INEE y su dilema: evaluar para cuantificar y clasificar o para valorar y formar