Chilpancingo, Gro. Debido a la falta de avances en el caso del asesinato del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui Muñoz, la viuda, María de Jesús Pérez García, y Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pidieron medidas cautelares para la familia del líder campesino, y que la Fiscalía General de la República (FGR), atraiga el caso.
Este mediodía una comisión de organizaciones sociales y no gubernamentales, fue recibida en Casa Guerrero, por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se comprometió a revisar la carpeta de investigación que integre para el caso, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), y gestionar la atracción del caso, ante la FGR.
Al término de la reunión, el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, aseguró en entrevista, que el dirigente campesino, quien murió el 25 de abril, después de que fue balaceado una semana antes, el día 18,en playa Icacos, del puerto de Acapulco, nunca pidió medidas cautelares como lo denunciaron las organizaciones sociales antes y después del homicidio.
Dijo que :“acordamos con ellos en una intervención entre el gobierno de México, y vamos a seguir trabajando, ellos te están planteando justicia para Marco Antonio; en ese sentido hay un compromiso de la gobernadora del estado de sumarnos al planteamiento de la Fiscalía General del Estado para que te resuelva, y se dé con los responsables(del crimen”.
Aseguró que con el líder del Cecop “no existía una contrariedad con el gobierno del estado de Guerrero, éramos compañeros de lucha, nunca hubo un cuestionamiento ni señalamiento ni de él para nosotros, ni de nosotros para él; siempre estuvimos trabajando, era un gestor incansable; vamos a seguir trabajando , como parte de un legado de su lucha social, con los los bienes comunales (de Cacahuatepec)”.
Nunca tuvimos una confrontación, insistió, “la señora gobernadora visitó los bienes comunales dos veces, lo mismo funcionarios del estado; vamos a seguir trabajando en el reordenamiento que es la actividad económica principal al aquel tenía, de los servicios turísticos”.
El funcionario estatal, señaló que Suástegui Muñoz “nunca solicitó medidas cautelares, yo platicaba mucho con él, nunca nos solicitó medidas cautelares; yo hablé con él, y me dijo que no las requería: me dijo que a través de Tlachinollan, estaba haciendo una solicitud en el mecanismo a nivel nacional, porque él tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana, pero nunca solicitó el gobierno del estado de Guerrero, acompañamiento policíaco, ni tampoco solicitó que se le dieran algún tipo de medidas extraordinarias. Cuando n es así, se valora en razón de riesgo, y siempre se ha dado un acompañamiento a quienes tienen riesgo latente”.
Afirmó que la FGE, ya informó a la familia del dirigente campesino cómo está el curso de la investigación “desconozco cuáles son los datos de la carpeta, solo se le dieron al abogado que acreditó la familia”.
Finalmente, con relación a la violencia que se presenta en Acapulco, manifestó que “está muy focalizada en la zona poniente, en Zan Isidro Gallinero, Mozimba, Pie de la Cuesta; hay una presencia fuerte del Estado en esta zona; y en la zona turística no están ocurriendo ningún tipo de incidencias”.
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hertnández, se refirió a los aspectos centrales de la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “fue la exigencia de la familia, de que se garantice una investigación exhaustiva; que se dé con el fondo del móvil, y sobre todo de los responsables. El tema de justicia, es lo que más interesa y preocupa a la familia, y han pedido que sea una investigación especial, debido a que fue un defensor un defensor de derechos humanos, del territorio; alguien que fue amenazado, que sufrió momentos de riesgo tanto allá en Cacahuatepec, como acá en la playa de Acapulco, en Icacos”.
Se pidió, “se tome en cuenta su trayectoria; porque no es una investigación común, sino que se trata de un crimen artero que contra un defensor; se pidió garantías de seguridad; la familia queda inerme, en una situación muy vulnerable; en primer lugar, la forma de mayor protección es investigación; es resultados, y que se dé con los responsables, y se rompa ese ese clima de impunidad que existe”.
Sabemos, agregó “que cuando hay crímenes contra defensoras, y defensores, no se llega al fondo en términos de resultados, de que se con el responsable. El caso de (Marco Antonio)sigue sin avances; no fue una plática con el fiscal; pero aun así no hay avances; queremos que se acelere la investigación que ya inició la fiscalía(estatal), y que se tome en cuenta pues su trayectoria como defensor; que se hagan de pruebas lo más que hay; obviamente pues sí tiene que haber testigos, tiene que haber declaraciones; pero el contexto, el ambiente de Acapulco. La situación que se vive en las playas, y las agresiones que tuvo Marco Antronioe n las playas”.
Planteó que se de protección a la familia del dirigente campesino “a través del mecanismo de protección, Marco tenía medidas cautelares, pero tiene que coordinarse con el gobierno federal, porque es una medida cautelar dictada al Estado mexicano”.
Mencionó que la gobernadora le dijo a la familia ,que “ lamentaba el hecho, que conocía a Marco Antonio; que era un amigo de la familia, amigo de su papá, que tenían una buena relación, que sentía mucho lo que había sucedido y le dio las condolencias a la familia; les dijo que va a tratar de que se impulse la investigación; que va a tratar de hablar con el gobierno federal, con la la subsecretaría derechos humanos para que se implementen las medidas cautelares, porque se requiere la intervención del gobierno federal; que se va hablar con la fiscalía (estatal) para ver qué avances hay; en términos de seguridad, se va a coordinar con el Mecanismo de Protección de Defensores, para ver qué medidas va a solicitar la familia y el apoyo a la familia, porque a Marco Antonio le robaron ya dos motos”.
