Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se comprometió el 7 de octubre del 2023 a no mantener ningún tipo de acuerdo comercial con la industria militar israelí a raíz de su intervención “genocida” en la franja de Gaza y, de hecho, llevó este mismo mensaje al seno de las instituciones de la Unión Europea (UE) para que hicieran lo mismo.
Un informe del Centro de los Estudios por la Paz, amparado en los informes oficiales entregados por el portal de la transparencia de la administración española, confirmo que desde aquel día, en el que Sánchez realizó aquel anuncio, se han firmado hasta 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de mil 44 millones de euros (26 mil millones de pesos).
Esta información salió a la luz a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un pequeño acuerdo de compra-venta de seis millones de euros, con el que el ministerio del Interior español adquirió más de 15 millones de cartuchos de bala de nueve milímetros parabellum y que finalmente se anunció su anulación a raíz de una crisis política en el seno del Ejecutivo, sobre todo por parte de la facción de Izquierda Unida (IU), que forma parte de Sumar y que cuenta con un ministerio, el de Infancia y Juventud.
Pero según denuncia esta organización por la paz, “los 46 contratos tienen un valor de mil 44 millones 558 mil 955 de euros desde el 7 de octubre de 2023. De ellos, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado a 24 de abril de 2025, aún no han sido formalizados 10. Los 10 contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones de euros) y los misiles Spike (237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A”.
Desde el centro señalan que “la relevancia del análisis que pueda producirse a partir de sacar a la luz este listado no radica en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga, sino que el análisis debe realizarse desde un prisma político, humanitario y ético, cuando hablamos de más de 50 mil víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023”.
Los datos, a su juicio, constatan que “el gobierno español ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria.
De ahí la necesidad de cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania”.
